Tribunal colombiano admite demanda para frenar investidura de De la Espriella en Cali
El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano admitió la demanda presentada por David Fernando Cano Mazuera, quien cuestiona que el cambio de sede del Capitolio Nacional en Bogotá hacia Cali vulnera derechos colectivos relacionados con transparencia, seguridad pública y patrimonio estatal.
- Tribunal requirió información al Congreso, Ministerio de Defensa, Hacienda y otras entidades antes de decidir sobre medida cautelar
- Demandante solicita documentos certificados sobre acuerdos entre cámaras, costos, seguridad y presupuesto del traslado
- Rey Felipe VI de España y siete presidentes latinoamericanos confirmaron asistencia a la investidura del 7 de agosto
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una acción popular que cuestiona el traslado de la investidura presidencial de Abelardo De la Espriella desde Bogotá a Cali. El demandante, David Fernando Cano Mazuera, argumenta que el cambio de sede podría afectar derechos e intereses colectivos vinculados con moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, seguridad pública y legalidad del gasto.
El magistrado Luis Manuel Lasso, de la Sección Primera, en auto fechado el 3 de agosto de 2026, admitió la demanda y ordenó vincular a las autoridades accionadas, anunciando que resolverá posteriormente la solicitud de medida cautelar de urgencia. El demandante solicitó como medida cautelar principal la suspensión provisional de los efectos y la ejecución material de las decisiones mediante las cuales Senado y Cámara aprobaron trasladar la ceremonia a Cali.
Cano Mazuera pidió que las entidades acrediten de manera pública, certificada y verificable los documentos que soportan el traslado, incluyendo el acuerdo entre Senado y Cámara, proposiciones aprobadas, actas de sesiones, certificaciones de cuórum y votación, conceptos jurídicos sobre competencia para cambio de sede, y estudios presupuestales, logísticos, de seguridad, movilidad y evacuación. También solicitó información sobre la fuente de financiación, certificados de disponibilidad presupuestal y contratos derivados del traslado desde Bogotá a Cali, según reportó Semana.
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