Cristina Fernández presenta reclamo ante la ONU por su condena en caso Vialidad
La expresidenta argentina Cristina Fernández ha recurrido al Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en diciembre de 2022 por el caso Vialidad. Confinada en su domicilio porteño desde junio de 2025, Fernández argumenta que durante el proceso judicial fueron vulneradas garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Fernández condena su inhabilitación perpetua como una forma sofisticada de 'proscripción' y denunció un 'machismo estructural' en sectores del sistema judicial argentino. La expresidenta argumenta que sin tanques en las calles, el espacio de la soberanía popular se erosiona poco a poco mediante decisiones judiciales que definen quién puede participar en la política.
- El Tribunal Oral Federal 2 la condenó el 6 de diciembre de 2022 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó la sentencia el 10 de junio de 2025 cuando rechazó el recurso de la defensa.
- Fernández publicó columnas similares en periódicos internacionales como El País de España, Libération de Francia y Folha de Sao Paulo de Brasil defendiendo su inocencia y denunciando persecución judicial.
Fernández presentó su reclamo mediante una carta abierta publicada en sus redes sociales, afirmando recurrir al organismo internacional porque considera que 'el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder'.
La expresidenta calificó su inhabilitación perpetua como una forma de 'proscripción' y denunció que constituye 'una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo'. Argumentó que aunque las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento, el espacio de la soberanía popular es sustituido poco a poco por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede participar en la disputa política.
La causa 'Vialidad' investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). El Comité de Derechos Humanos de la ONU analizará en primera etapa la admisibilidad de la reclamación y, si la considera procedente, podrá requerir información al Estado argentino antes de hacer pronunciamiento, según reportó ABC Color.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
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