Bolivia y el FMI: qué es un Servicio Ampliado y cómo funciona
Tras más de 20 años, el Fondo regresa a Bolivia. Esta guía explica qué implica un programa del FMI, cómo se aprueba y por qué la condicionalidad es su corazón.
- Bolivia pactó con el FMI un Servicio Ampliado de US$1.900 millones a 36 meses, tras más de 20 años.
- El acuerdo del 29 de julio es técnico y aún debe aprobarlo el Directorio Ejecutivo del FMI.
- La condicionalidad incluye ajuste fiscal, corrección cambiaria y reforma del subsidio a los combustibles.
El 29 de julio de 2026, Bolivia y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo técnico por un Servicio Ampliado de US$1.900 millones a 36 meses, el retorno del organismo al país tras más de dos décadas. El instrumento negociado por el gobierno de Rodrigo Paz, conocido en inglés como Extended Fund Facility, está diseñado para países que enfrentan problemas graves de balanza de pagos a mediano plazo por deficiencias estructurales. A diferencia de un crédito stand-by, ofrece plazos más largos porque asume que las reformas fiscales, energéticas y cambiarias no se resuelven en meses.
Un matiz clave es que el anuncio del 29 de julio fue un acuerdo a nivel del personal técnico, no un desembolso. El proceso tiene dos etapas: primero, el equipo del FMI y las autoridades pactan el diseño del programa y las metas; segundo, el Directorio Ejecutivo —donde Estados Unidos concentra más del 16% de los votos y tiene poder de veto sobre decisiones que exigen mayorías reforzadas— debe dar luz verde para habilitar los recursos. Los fondos se expresan en Derechos Especiales de Giro y se desembolsan por tramos condicionados a metas trimestrales.
El corazón de cualquier programa del FMI es la condicionalidad: a cambio del financiamiento, el gobierno se compromete a un sendero de reformas. En el caso boliviano, el Fondo busca restablecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales y reducir las vulnerabilidades fiscales y externas. En la práctica, eso se traduce en ajuste fiscal, corrección cambiaria y reforma de subsidios, especialmente el históricamente costoso subsidio a los combustibles.
El trasfondo es la peor crisis económica de Bolivia en 40 años. La caída de las exportaciones de gas natural vació las reservas internacionales y generó una escasez crónica de dólares, dificultades para importar combustibles y presiones inflacionarias. El FMI estima que el PIB boliviano podría contraerse 3,3% en 2026. Los intentos de Paz por recortar gasto y eliminar el subsidio a los combustibles provocaron movilizaciones y bloqueos a comienzos de año, y varias organizaciones advierten que podrían retomar las protestas a partir de octubre.
El obstáculo que viene es el Congreso. Un programa con el FMI requiere respaldo legislativo para aprobar leyes clave, como la Ley de Inversiones, y validar endeudamiento. Paz enfrenta un oficialismo fracturado y sin mayoría automática. El diputado Alejandro Reyes anticipó que la oposición pedirá conocer, dólar a dólar, el destino de los fondos. Al leer cualquier acuerdo con el FMI conviene preguntar si es técnico o ya aprobado por el Directorio, de cuánto es y en cuántos tramos, cuáles son las metas, qué revisiones condicionan los desembolsos y si el gobierno tiene los votos para cumplir.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
