Juez en caso Goleada acelera plazo para que CNE certifique candidaturas de procesados
El juez anticorrupción Jairo García modificó el cronograma del caso Goleada al ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que en plazo máximo de 24 horas certifique si los procesados en esta causa de lavado de activos se encuentran inscritos y calificados como candidatos para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
- La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se reinstalará el 18 de agosto, adelantada desde el 20 de agosto
- El abogado de Loy Correa solicitó suspender la diligencia hasta obtener certificación del CNE sobre la candidatura de su cliente a concejal del cantón Guayaquil
- El juez dispuso que se consulte el estado de inscripción de los 27 procesados en el caso, incluido el alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez
En una providencia emitida el sábado 15 de agosto, el juez anticorrupción Jairo García aceleró los plazos en el caso Goleada al reducir de 48 a 24 horas el término para que el CNE certifique respecto de Gastón Aparicio Loy Correa y cualquier otra persona procesada en la causa. El magistrado ordenó que el organismo electoral indique si han sido postulados o inscritos como candidatos a una dignidad de elección popular y si sus candidaturas han sido calificadas para las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se había suspendido el sábado pasado, será reinstalada el 18 de agosto próximo en lugar del 20 de agosto inicialmente previsto. Esta decisión se produjo después de que Fernando Chavez, abogado de Loy Correa, solicitara formalmente al juez que pidiera al CNE certifique la inscripción y calificación de su cliente como candidato a concejal del cantón Guayaquil, invocando lo que denominó "lealtad procesal".
En el caso Goleada se investiga a 27 personas naturales y jurídicas por lavado de activos, incluidos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; su madre Gioconda Henriques; su esposa Fiorella Ycaza; sus hermanos Xavier y Antonio; y sus primos Andrés y Fernando Viteri. El fiscal Dennis Villavicencio acusa a estos investigados de conformar una estructura empresarial relacionada con operaciones financieras y comerciales derivadas de la comercialización irregular de combustibles, que habría servido para lavar dinero. La investigación comenzó el 10 de febrero tras una denuncia presentada por José Cevallos Avellán, cooperador eficaz en el caso Triple A y actualmente testigo protegido de la Fiscalía.
El juez García subrayó que la medida tiene "carácter instrumental, excepcional y estrictamente temporal" y que "no constituye reconocimiento ni de inmunidad, fuero o suspensión definitiva del proceso penal, ni un pronunciamiento anticipado sobre los efectos del artículo 108 del Código de la Democracia". Esta aclaración busca evitar que la solicitud de información al CNE genere interpretaciones sobre la continuidad del proceso penal, según reportó El Universo.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
