Tribunal brasileño anuló condenas de Lula por parcialidad e incompetencia del juez Moro
Lula no fue absuelto ni declarado inocente, pero quedó libre tras 580 días detenido cuando el STF anuló sus sentencias; los expedientes se cerraron por prescripción sin reevaluar pruebas.
- En julio 2017, el juez Sergio Moro condenó a Lula a 9,5 años por corrupción; en 2018 fue encarcelado 580 días
- STF anuló en 2021 las condenas por parcialidad de Moro e incompetencia del tribunal; Moro había sido ministro de Bolsonaro
- The Intercept reveló mensajes entre Moro y fiscales donde el juez sugería estrategias a la acusación
En julio de 2017, el entonces juez Sergio Moro condenó a Luiz Inacio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Moro presidía la 13ª Vara Federal de Curitiba, sede de la Operación Lava Jato desde 2014, que había destapado sobornos en contratos con la petrolera Petrobras. Según la acusación, Lula había recibido de la constructora OAS un tríplex en Guarujá a cambio de favorecer a la empresa.
Un tribunal federal con sede en Porto Alegre confirmó la condena en segunda instancia y la elevó a 12 años y un mes. Con esa confirmación, Moro ordenó la detención de Lula, quien se entregó el 7 de abril de 2018 y permaneció detenido en una sala-celda de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba durante 580 días hasta ser liberado el 8 de noviembre de 2019.
En junio de 2019, ya como ministro de Jair Bolsonaro, The Intercept reveló mensajes filtrados entre Moro y los fiscales de la Lava Jato donde el exmagistrado sugería estrategias a la acusación, alimentando sospechas sobre su imparcialidad. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló todas las condenas de Lula en Curitiba, determinando que Moro fue parcial y que los casos se tramitaron en un tribunal sin competencia, ya que ni el tríplex ni la casaquinta de Atibaia tenían relación directa con Petrobras.
Lula nunca fue absuelto ni declarado inocente por la justicia, pero tampoco carga con condena vigente, por lo cual es considerado inocente ante la ley. Los expedientes se cerraron por prescripción sin que las pruebas fueran reevaluadas. Las declaraciones del presidente argentino Javier Milei describiéndolo como una "falla administrativa" reavivaron el debate sobre uno de los procesos más controvertidos de Brasil, según reportó La Nación.
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