Panamá debate la erosión del Estado de Derecho ante concentración de poder
Desde la cancelación de la concesión minera hasta la reactivación de instalaciones en espacios protegidos, una serie de decisiones del ejecutivo panameño ha puesto en tela de juicio el respeto por los límites constitucionales del poder y el rol de contrapeso de los demás poderes del Estado.
- La Corte Suprema anuló el contrato con Minera Panamá, pero decretos posteriores permitieron exportar cobre extraído y reactivar la termoeléctrica de carbón
- El gobierno envía detenidos a Coiba, isla convertida en Parque Nacional en 2004, cuestionando la legalidad del uso penal de esa zona
- Ocho contratos de seguridad declarados secretos plantean una falsa dicotomía entre seguridad y transparencia que afecta la fiscalización de fondos públicos
En Panamá existe una paradoja institucional: mientras la ciudadanía prefiere desconectarse ante la acumulación de temas vitales que requieren respuestas políticas eficaces, los contrapesos que debería ejercer el Legislativo y la Judicial se erosionan progresivamente. El sistema electoral permanece como la única institución funcional en la que los ciudadanos aún confían, pero la autolimitación del poder ejecutivo —elemento central en toda democracia constitucional— parece debilitarse.
Los ejemplos de esta erosión abundan en decisiones recientes. La Corte Suprema anuló el contrato con Minera Panamá por incumplimiento de licitación y violación a la ley especial, pero el Ejecutivo continuó el extractivismo mediante decretos que permitieron exportar cobre ya extraído y reactivar una termoeléctrica de carbón argumentando que no implican reactivación minera. Asimismo, tras la fuga de reos, el gobierno instaló detenidos en Coiba, isla que la Ley 44 de 2004 convirtió en Parque Nacional una vez finalizado su uso penal, lo que genera la pregunta de si una declaración política puede desplazar delimitaciones legales sin probarlo.
La opacidad también rodea las contrataciones públicas en seguridad. Ocho contratos clasificados como secretos plantean una falsa dicotomía entre seguridad y transparencia, cuando existen alternativas que permiten fiscalizar fondos públicos sin comprometer operaciones sensibles. Este patrón refleja la preocupación de observadores sobre si la legalidad sigue siendo la condición de la legitimidad en el ejercicio del poder o si ha sido subordinada a criterios de conveniencia política, según reportó La Prensa de Panamá.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
