Congreso de Estados Unidos examina crisis de derechos humanos en Venezuela tras terremotos
Durante una audiencia en Washington, representantes de organizaciones de derechos humanos y venezolanas señalaron que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio profundizaron la crisis institucional de Venezuela y demandaron la liberación de presos políticos.
- Congreso estadounidense celebró audiencia sobre derechos humanos en Venezuela el 15 de julio
- Organizaciones reportan 598 presos políticos aún detenidos según Justicia, Encuentro y Perdón
- Terremotos de 7,2 y 7,5 magnitud expusieron fragilidad institucional del país para responder a emergencias
El Congreso de Estados Unidos realizó una audiencia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela el 15 de julio en la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos. Representantes de organizaciones venezolanas e internacionales utilizaron el espacio para señalar que los terremotos del 24 de junio profundizaron la crisis institucional del país y demandaron la liberación de 598 presos políticos que permanecen detenidos.
La sesión, titulada "Human Rights in Venezuela: Status and Opportunity", fue presidida por los congresistas James P. McGovern (demócrata por Massachusetts) y Chris Smith (republicano por Nueva Jersey). Participaron representantes de Justicia, Encuentro y Perdón, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y la Heritage Foundation.
Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, afirmó que Venezuela enfrenta dos crisis entrecruzadas: el prolongado deterioro institucional y las consecuencias de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que dejaron miles de víctimas mortales y desplazados. Aunque señaló que ambas crisis tienen orígenes distintos, ambas expusieron la incapacidad de las instituciones para proteger a la población. Borges subrayó que la reconstrucción debe ser institucional, no solo reparar infraestructura, y pidió garantizar participación ciudadana efectiva.
Laura Cristina Dib, directora para Venezuela de la WOLA, recordó que la emergencia humanitaria ya era profunda antes de los terremotos. Según estimaciones de Naciones Unidas, 7,2 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria antes de los sismos, y el plan de respuesta había recibido apenas 23 por ciento del financiamiento requerido. Martha Tineo, directora de Justicia, Encuentro y Perdón, reconoció avances en 2026 con la excarcelación de presos políticos y la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, pero advirtió sobre la falta de transparencia en las listas oficiales de beneficiados, según reportó TalCual.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
