Costa Rica aprueba pena de seis años de cárcel para minería ilegal
El proyecto de ley busca frenar el daño ambiental y de seguridad causado por mineros nicaragüenses que extraen oro ilegalmente en Crucitas de Cutris, frontera costarricense.
- Minería ilegal en Crucitas catalogada como crimen organizado con penas de 3 a 6 años de prisión según grupo de operación
- Reforma permite al OIJ y Fiscalía rastrear estructuras financieras, uso de cianuro y compradores internacionales de oro
- Proyecto aprobado con 53 votos tras negociación entre gobierno y oposición que retiró 72 mociones bloqueantes
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de ley 'Reforma a varias leyes para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en materia de delitos ambientales'. La iniciativa tipifica la minería ilegal como un delito de crimen organizado y establece penas de prisión de tres meses a cinco años para quienes realicen actividades mineras de reconocimiento, exploración o explotación en áreas protegidas. Cuando el delito sea cometido por un grupo estructurado de dos o más personas, la sanción aumenta a tres a seis años de cárcel.
La propuesta apunta a detener la extracción ilegal de oro en Crucitas de Cutris, localidad fronteriza con Nicaragua que enfrenta una crisis ambiental y de seguridad. La presidenta costarricense Laura Fernández expresó preocupación por una eventual invasión de mineros ilegales provenientes de Nicaragua. El proyecto fue presentado en septiembre de 2023 por el entonces diputado Ariel Robles del Frente Amplio, pero su aprobación fue resultado de intensas negociaciones políticas entre el Partido Pueblo Soberano gobernante y los partidos de oposición.
Al catalogar la minería ilegal como crimen organizado, el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General podrán rastrear estructuras financieras, el uso de cianuro en la zona y a los compradores internacionales de oro. El paquete de reformas ambientales fue aprobado con 53 votos a favor pero fue retrotraído a comisión para realizar enmiendas. José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, destacó que la medida permite sancionar e investigar la minería ilegal y otros delitos ambientales como tala ilegal y tráfico de fauna silvestre como crimen organizado, según reportó Confidencial.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
