Organizaciones señalan que restricción de derechos de privados de libertad contradice estándares internacionales
Organizaciones cuestionan una propuesta de reforma constitucional de seguridad que buscaría restringir prestaciones de salud, educación y seguridad social a personas privadas de libertad condenadas por delitos graves. Argumentan que tal medida contradice las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela, ratificadas por Chile.
- Propuesta de reforma constitucional pretende limitar derechos de privados de libertad a salud, educación y seguridad social
- Organizaciones señalan contradicción con Reglas Nelson Mandela ratificadas por Chile que garantizan acceso a salud en recintos penitenciarios
- Población carcelaria presenta mayor prevalencia de adicciones, enfermedades transmisibles y problemas de salud mental que población general
Organizaciones advirtieron sobre el contenido de un borrador de reforma constitucional de seguridad que propone restringir prestaciones de salud, educación y seguridad social a personas condenadas por delitos graves. Aunque sin poder verificar la autenticidad del documento, las organizaciones enfatizaron que tales restricciones violentarían compromisos internacionales.
Las organizaciones destacaron que los castigos penales recaen sobre la privación de libertad, no sobre otros derechos humanos fundamentales como el acceso a la salud. La población privada de libertad presenta características sociodemográficas distintas del promedio nacional: proviene mayoritariamente de segmentos económicos vulnerables con acceso limitado a educación y entornos familiares estables. Dentro de estos establecimientos existe sobrerrepresentación de adicciones, enfermedades transmisibles, patologías crónicas y problemas de salud mental respecto a la población general.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela y ratificadas por Chile, garantizan expresamente el acceso a la salud de las personas privadas de libertad. Las organizaciones advirtieron que la materialización de una norma que restrinja este derecho no solo contradiría un estándar internacional vinculante, sino que "castigaría a una población que ya carga con profundas desventajas estructurales, convirtiendo la conculcación del derecho a la salud en una muestra de barbarie y no en una expresión de justicia", según reportó La Tercera.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
