Estados Unidos busca localizar en Latinoamérica a 66.387 migrantes deportados con deudas pendientes
El Gobierno estadounidense planea contratar una empresa para localizar a migrantes deportados en Guatemala, Honduras y México que mantienen pendientes multas, sanciones civiles y tarifas migratorias por un total de 423 millones de dólares.
- Estados Unidos busca localizar 66.387 personas deportadas con deudas migratorias totales de 423 millones de dólares
- La empresa contratada usará técnicas de 'skip tracing' para encontrar datos de contacto en Guatemala, Honduras y México
- El pago se realizaría a través del portal Pay.gov pero requiere una cuenta bancaria establecida en Estados Unidos
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) busca contratar a una empresa para localizar en Guatemala, Honduras y México a migrantes que fueron deportados o abandonaron el país y mantienen pendientes multas, sanciones civiles o tarifas migratorias impuestas por autoridades estadounidenses. Según un documento divulgado, hasta julio de 2026 el total de deudas migratorias pendientes ascendía a aproximadamente 423 millones de dólares, afectando a 66.387 personas expulsadas que tienen combinaciones de multas y sanciones civiles sin pagar.
La propuesta forma parte de un contrato elaborado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza (USBP) para recuperar estos pagos. La empresa adjudicada deberá utilizar técnicas de localización conocidas como 'skip tracing' para encontrar el domicilio o información de contacto más reciente de los deudores, verificar que corresponda a la persona correcta mediante documentos como fotografías domiciliarias o recibos de servicios públicos, y entregarle una notificación sobre la deuda pendiente en inglés y español con instrucciones para pagar.
Hasta julio de 2026, las agencias privadas de cobranza contratadas previamente no habían logrado localizar a ninguna persona fuera de Estados Unidos, lo que motivó la búsqueda de una empresa con capacidad operativa en la región. El contrato tendría vigencia estimada del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2028. Los pagos se realizarían a través de la plataforma Pay.gov, aunque el sistema requiere una cuenta bancaria establecida en Estados Unidos. La estrategia se basa en la Orden Ejecutiva 14159, que instruye al DHS a garantizar el cobro de multas civiles a extranjeros que permanecieron ilegalmente en Estados Unidos, según reportó Prensa Libre.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
