Costa Rica: Poder Ejecutivo acusa de golpismo a magistrados por prórroga de suplentes
El Gobierno costarricense anunció querella por prevaricato contra magistrados de la Sala Constitucional que prorrogaron nombramientos de suplentes, en escalada de tensiones con el Poder Judicial bajo administración de Fernández.
- Presidenta Fernández acusó magistrados de la Sala Constitucional de golpismo tras prórroga de suplentes; Gobierno anunció querella por prevaricato (actuaciones fuera de ley)
- Congreso oficialista se ha negado durante siete meses a votar nómina de candidatos propuestos por Poder Judicial para magistrados; Fernández señala que solo el Congreso puede nombrar jueces
- Expresidente Rodrigo Chaves, ahora ministro, mantiene críticas al Poder Judicial y anunció recorte presupuestario del 5% para 2027; lidera investigaciones contra Chaves por financiamiento ilegal de campaña y uso irregular de fondos del BCIE
El conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial costarricense escaló cuando la presidenta Laura Fernández acusó de golpismo a los magistrados de la Sala Constitucional que prorrogaron el nombramiento de los suplentes de ese tribunal. Esta prórroga ocurrió tras siete meses en los que el oficialismo en el Congreso se ha negado a votar la nómina de candidatos propuestos por el Poder Judicial. Fernández expresó que "los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional", argumentando que únicamente el Congreso está autorizado para nombrar magistrados. El Gobierno anunció que presentará una querella por prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Constitucional ha sido punto de discordia debido a fallos que el Gobierno considera adversos, especialmente aquellos relacionados con violaciones a libertad de prensa y expresión. Las críticas provienen de la administración de Fernández y, especialmente, del expresidente Rodrigo Chaves, quien ahora se desempeña como ministro de la Presidencia (Interior) y de Hacienda. Chaves, quien se refiere al Poder Judicial como "Poder Perjudicial", anunció un recorte del 5% al presupuesto judicial para 2027 con el argumento de que se aplicará a todas las instituciones del Estado. A inicios de 2025, Chaves encabezó una marcha para exigir la renuncia del fiscal general Carlo Díaz.
Las tensiones se profundizan por investigaciones que Díaz dirige contra Chaves y varios de sus excompañeros de Gobierno. Las investigaciones más destacadas incluyen una por supuesto financiamiento ilegal de la campaña de Chaves y otra por aparente uso irregular de recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Muchos investigados, incluido el expresidente, continúan con inmunidad en la actual Administración como ministros o diputados. Recientemente, la captura del narcotraficante Alejandro Arias Monge ('Diablo') también generó polémica cuando Fernández cuestionó información brindada por el Poder Judicial sobre el traslado del detenido desde la prisión a un tribunal. La Fiscalía lamentó que "en lugar de respaldar el trabajo de instituciones encargadas de investigar y perseguir al crimen organizado, se promuevan especulaciones que generan desinformación y desconfianza ciudadana", según reportó ABC Color.
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