Gobierno busca excluir a Corte Suprema del Consejo de la Magistratura en reforma judicial
Una profunda reforma de la justicia federal contempla sacar a la Corte Suprema del organismo encargado de elegir y remover jueces, además de reducir representantes de todos los estamentos y presupuestos en tribunales nacionales.
- El Gobierno planea sacar a la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura y reducir representantes de jueces, abogados, académicos y políticos
- Propone reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia en Comodoro Py y de 13 a 9 integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal
- Busca transferir fondos ahorrados del presupuesto judicial a gobernadores a cambio de votos legislativos para la reforma; el presupuesto de Justicia nacional ordinaria es de 633.120 millones de pesos
El Gobierno planea una reforma integral de la justicia federal y nacional que incluye cambios significativos en la ley del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de elegir y remover jueces. Entre las modificaciones contempladas aparece la idea de excluir a la Corte Suprema de Justicia del Consejo, además de reducir la cantidad de representantes de jueces, abogados, académicos y políticos, según informaron altas fuentes del Gobierno a La Nación.
La reforma también busca reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py 2002 y disminuir de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal penal más importante del país por debajo de la Corte Suprema. Paralelamente, el Ministerio de Justicia evalúa una compensación para gobernadores mediante la desaparición de cargos de camaristas vacantes en justicia laboral y criminal, con el objetivo de sumar sus votos en el Congreso.
Los fondos ahorrados por la eliminación de estos cargos se traspasarían al control de las provincias a cambio de su apoyo para estas reformas. El presupuesto de la Justicia nacional ordinaria con asiento en Buenos Aires asciende a 633.120 millones de pesos, aproximadamente el 29,6 por ciento del presupuesto total del Poder Judicial de la Nación. La decisión de la Corte Suprema quedaría limitada, perdiendo la injerencia en cuestiones administrativas, disciplinarias y de designación de jueces, según consignó La Nación.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
