Instituto Penitenciario de Colombia pasaría al Ministerio de Defensa en nuevo gobierno
Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario enfrenta el posible cambio de jurisdicción del Ministerio de Justicia al de Defensa, un movimiento que eliminaría fueros sindicales pero buscaría reducir prácticas de corrupción.
- El Inpec sería trasladado del Ministerio de Justicia al de Defensa bajo el nuevo gobierno, según fuentes cercanas a la entidad carcelaria.
- El cambio implicaría prohibición de sindicatos y restricciones en derechos de los funcionarios, similar a lo aplicado en Policía y Ejército.
- La medida buscaría combatir corrupción, ya que los fueros sindicales han obstaculizado decisiones disciplinarias contra funcionarios implicados en casos graves.
Fuentes cercanas al Instituto Nacional Penitenciario confirmaron que bajo el gobierno de Abelardo De la Espriella el instituto estaría destinado a trasladarse del Ministerio de Justicia al Ministerio de Defensa. Este cambio de cartera no constituiría un mero trámite administrativo, sino que implicaría transformaciones fundamentales en misión, visión y objetivos de la entidad encargada de la custodia de cárceles en el país.
Los funcionarios del Inpec que realicen el tránsito deberían aceptar condiciones similares a las de la Policía y el Ejército, incluyendo prohibición de integrar sindicatos y restricciones para ejercer el derecho al voto. Esta medida afectaría particularmente a aquellos que durante años denunciaron corrupción desde las organizaciones sindicales pero permanecieron silenciosos durante el gobierno anterior.
Las fuentes indicaron que la propuesta responde a la necesidad de agilizar decisiones disciplinarias. Los fueros sindicales han impedido sanciones a funcionarios implicados en conductas graves que atentan contra la transparencia. La Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía creó una unidad dedicada a investigar casos de servidores del Inpec, aunque los resultados han sido limitados frente al volumen de denuncias por corrupción.
El gobierno de De la Espriella analiza internamente el mecanismo constitucional para efectuar el cambio, evaluando si resulta suficiente una decisión ejecutiva o si se requiere aprobación del Congreso, según reportó Semana.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
