Crimen organizado financia campañas electorales en ocho países de América Latina
Una investigación coordinada por medios del Grupo de Diarios América revela que el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, ha dejado de actuar como factor externo en la política latinoamericana e interviene directamente financiando campañas electorales en al menos ocho países de la región.
- Narcotráfico y minería ilegal financian campañas en 8 países: México, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, República Dominicana, Argentina y El Salvador
- Colombia identificó 170 municipios en riesgo electoral, 81 en nivel extremo; financiamiento utiliza empresas fachada, testaferros y efectivo no declarado
- Uruguay, Costa Rica y Chile muestran menor evidencia de infiltración directa, aunque con alertas de vulnerabilidad
Una investigación coordinada por el Grupo de Diarios América documenta cómo las economías ilegales han evolucionado en su relación con la política latinoamericana. El narcotráfico, la minería ilegal y redes de lavado de activos han dejado de operar exclusivamente desde fuera del sistema político para convertirse en actores que financian campañas, imponen candidatos y capturan instituciones desde adentro. El patrón opera en México, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela, República Dominicana, Argentina y El Salvador, mientras que Uruguay, Costa Rica y Chile muestran menor infiltración directa aunque permanecen alertas.
En México, dos décadas de reformas electorales para blindar los comicios contra el crimen organizado han fracasado. Consultores en seguridad señalan que las políticas públicas se han enfocado únicamente en contener mediáticamente el problema sin resolverlo de fondo. En Colombia, la Misión de Observación Electoral identificó 170 municipios en riesgo por fraude y violencia para las elecciones de 2026, con 81 en nivel extremo. En El Salvador, organismos civiles advierten sobre debilidades en la fiscalización electoral que permiten la infiltración de financiamiento ilícito.
Los recursos ilegales raramente ingresan de forma directa a las campañas, sino mediante empresas fachada, contratistas, testaferros, aportes fragmentados, efectivo no declarado o donaciones en especie. En República Dominicana, el caso Calamar expuso esquemas de recaudación no declarada mediante presiones a contratistas estatales. Brasil registra influencia de facciones como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital que explotan vacíos legales para mover recursos sin dejar rastros evidentes, según reportó El Universal.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
