Emirlendris Benítez cumple ocho años presa por caso sin pruebas en Venezuela
Emirlendris Carolina Benítez permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina en Los Teques tras ser condenada a 30 años de prisión el 5 de agosto de 2018. Organizaciones de derechos humanos cuestionan las acusaciones en su contra por considerar que no existen pruebas creíbles.
- Benítez fue detenida el 5 de agosto de 2018 cuando tenía cuatro meses de embarazo y fue vinculada al atentado con drones contra Nicolás Maduro
- Fue acusada de homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria; Amnistía Internacional y Naciones Unidas cuestionan la base probatoria
- Sufrió torturas bajo custodia, perdió su embarazo, y desde 2022 utiliza silla de ruedas por secuelas de maltrato
Emirlendris Carolina Benítez Rosales fue detenida el 5 de agosto de 2018 en el estado Portuguesa cuando se trasladaba en taxi junto a su esposo, con cuatro meses de embarazo. Las autoridades la vincularon con el atentado con drones contra Nicolás Maduro ocurrido días antes en Caracas y la acusaron de homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria. Benítez negó los cargos y organizaciones como Amnistía Internacional han cuestionado las acusaciones por considerar que no existen pruebas creíbles en su contra.
Tras su arresto, fue trasladada a Caracas y permaneció recluida durante un año en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, estado Miranda. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que fue sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras estaba embarazada. Las agresiones bajo custodia estatal provocaron la pérdida de su embarazo. Posteriormente, fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, donde permanece actualmente.
Las secuelas del maltrato han afectado gravemente su salud. Según Amnistía Internacional, desde 2020 presenta dificultades para caminar y desde 2022 utiliza silla de ruedas. Ha enfrentado además problemas médicos que requieren atención especializada. En 2022, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas determinó que su privación de libertad era arbitraria y solicitó al Estado venezolano su liberación inmediata. Ese mismo año, el exdirector del Sebin Manuel Cristopher Figuera afirmó que Benítez no tenía relación con el caso por el que fue detenida. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección a su favor. Justicia, Encuentro y Perdón renovó el 5 de agosto el reclamo por su libertad plena, inmediata e incondicional, según reportó Runrun.es.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
