Pueblos indígenas de Guatemala enfrentan concentración de hambre y pobreza extrema
Guatemala enfrenta una deuda histórica con pueblos indígenas que sufren hambre generalizada, discriminación, despojo de tierras y criminalización de sus resistencias, agravada por sequía y condiciones estructurales de abandono.
- Según proyección del 7 de agosto de Sesán, 2,9 millones de guatemaltecos están en crisis alimentaria y 197 mil en fase de emergencia
- Inseguridad alimentaria concentrada en Alta Verapaz, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Quiché, Chimaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Huehuetenango y Totonicapán
- Patrones de despojo incluyen otorgamiento de licencias extractivas sin consulta previa, acaparamiento de tierras para monocultivos, falsificación de documentos y criminalización de autoridades indígenas
Guatemala enfrenta una deuda histórica con sus pueblos indígenas en casi todos los ámbitos. La pobreza y pobreza extrema se concentran en comunidades y departamentos de población mayoritariamente indígena, traduciéndose en hambre, desnutrición infantil crónica, falta de acceso a servicios y derechos básicos, y migración forzada.
Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases presentada el 7 de agosto por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), aproximadamente 2,9 millones de guatemaltecos enfrentan una fase de crisis alimentaria en la que no logran cubrir necesidades básicas ni pueden mantener activos esenciales, mientras 197 mil personas están en fase aguda de emergencia con carencias severas de alimentos y desnutrición alta. La inseguridad alimentaria se concentra en departamentos con mayoría de población indígena: Alta Verapaz, Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Quiché, Chimaltenango, Suchitepéquez, Retalhuleu, Huehuetenango y Totonicapán.
En materia de derechos a la tierra y territorio, el panorama es desolador. La disputa histórica por la tierra ha estado marcada por ciclos de despojo y exclusión, agravados en años recientes por expansión de proyectos extractivos y monocultivos, así como criminalización de resistencias comunitarias. Los patrones de despojo que se repiten incluyen otorgamiento de licencias extractivas sin cumplir procesos de consulta y consentimiento previo, acaparamiento de tierras para monocultivos, falsificación de documentos y firmas, alteración de registros, doble titulación, falta de reconocimiento de títulos comunales, desalojos con fuerte presencia policial y militar, y uso del sistema penal para criminalizar comunidades y autoridades indígenas.
La persecución penal se extiende también a autoridades indígenas que lideraron protestas que en 2023 protegieron el resultado electoral. Existe además falta de reconocimiento a saberes indígenas, derecho consuetudinario y formas de organización en resolución de conflictos, defensa de la democracia y cuidado del medio ambiente, según reportó Prensa Libre.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.