Fiscalía investiga si Ernesto Ruffo usó testaferro en empresa acusada de huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga si Ingemar SA utilizó un testaferro para evadir responsabilidades tras el megadecomiso de decenas de carrotanques con huachicol en Coahuila. En marzo de 2026, la empresa designó a Guadalupe Hernández Hinojosa, de 37 años, como directora general ejecutiva y apoderada legal, ocho meses después del decomiso. Según expertos, se trata de una práctica común para deslindar responsabilidades cuando "el agua les está llegando hasta el cuello".
- Guadalupe Hernández Hinojosa, de 37 años, fue nombrada directora y apoderada legal de Ingemar SA el 6 de marzo de 2026 tras dos años como empleada administrativa de nivel medio
- La FGR investiga si el nombramiento fue un mecanismo para proteger a los socios Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro (ambos detenidos) y al fundador José Merino Valdés Cuervo (prófugo)
- Como apoderada, Hernández tiene facultades para firmar documentos, manejar cuentas bancarias y representar a la empresa ante autoridades fiscales, lo que la colocaría como autora material en caso de fraude
La Fiscalía General de la República investiga a Guadalupe Hernández Hinojosa, directora general ejecutiva de Ingemar SA, como posible testaferro de la empresa acusada de operaciones de huachicol fiscal. En marzo de 2026, ocho meses después del megadecomiso de decenas de carrotanques con huachicol en Coahuila, Ingemar solicitó a la Secretaría de Economía nombrar a Hernández como directora y apoderada legal. La joven de 37 años había ingresado a la empresa hace apenas dos años con un cargo administrativo de nivel medio. El nombramiento fue formalizado ante Notario Público el 6 de marzo de 2026 mediante el oficio con folio mercantil electrónico N-2018080257.
Como apoderada legal de Ingemar, Hernández quedó con facultades para "otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados y celebrar toda clase de contratos civiles o mercantiles a nombre de la sociedad mandante, así como para abrir y aperturar todo tipo de cuentas bancarias, para otorgar, firmar, emitir, aceptar y librar títulos de crédito, tales como cheques, letras de cambio y pagarés". Además, fue designada representante de la empresa ante toda clase de autoridades civiles, fiscales, judiciales, administrativas y penales, así como ante la Fiscalía General de la República y las fiscalías generales de los estados.
Según el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el apoderado legal se coloca en el centro de la investigación en casos de ilegalidad, ya que es la persona física que actúa, firma y toma decisiones en nombre de la empresa. Al ser quien rubrica los contratos, maneja las cuentas bancarias y tiene acceso a todas las operaciones, Hernández sería considerada por la FGR como autora material en caso de que los documentos que firmó resulten ser fraudulentos o ilegales.
Según Fernando Ojesto Manzur, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, la práctica de que empresas fraudulentas otorguen poderes amplios a empleados de rango bajo o medio para proteger a los verdaderos dueños es común. "Son malas prácticas que se hacen y con las que buscan deslindar responsabilidades, principalmente cuando ven que el agua les está llegando hasta el cuello", señaló el experto. El acto de que Ingemar haya realizado este cambio en los últimos meses se interpreta como la implementación de esta mala práctica. Aunque el apoderado puede haber sido engañado penal y fiscalmente, enfrentaría las consecuencias debido a que firmó de manera voluntaria ante un notario público, un aspecto que deberá ser determinado por las autoridades a través de una investigación exhaustiva. Los socios Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro se encuentran detenidos, mientras que el fundador José Merino Valdés Cuervo es prófugo de la justicia, según reportó El Universal.
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