Estados Unidos planea ataques terrestres contra narcotráfico en Latinoamérica con países aliados
La administración Trump busca replicar en tierra la estrategia de bombardeos aéreos que ha ejecutado contra embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y Pacífico Oriental.
- Hegseth afirmó que los ataques se replicarán en tierra donde operen cárteles, sin sometimiento a procesos judiciales
- La Coalición Anticárteles reúne a 19 países incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú
- Desde septiembre de 2025, los bombardeos aéreos contra narcolanchas han dejado al menos 215 muertos
El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth anunció en Panamá el 13 de agosto que Estados Unidos expandirá sus operaciones contra el narcotráfico desde aguas internacionales hacia territorio terrestre en América Latina. El funcionario afirmó que desplegará capacidades operativas equivalentes a las empleadas contra embarcaciones de droga en el Caribe y océano Pacífico Oriental, coordinando acciones con Ecuador, Colombia y otros socios aliados.
Hegseth indicó que la advertencia a los cárteles va "en serio" y abarca desde el tráfico de cocaína hasta el fentanilo en México, incluyendo remanentes de guerrillas colombianas como "objetivos legítimos". El funcionario justificó la letalidad de los ataques previos argumentando que no someterá a los objetivos a procesos judicales donde "sabemos que serán liberados", sino que destruirá las redes criminales "con todas las capacidades del gobierno estadounidense".
La iniciativa se enmarca en la Coalición Anticárteles de las Américas, liderada por Trump e integrada por 19 países incluyendo Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, todos con gobiernos de derecha. México, donde operan poderosas organizaciones criminales, no forma parte de la alianza. Hegseth realizaba ejercicios militares anuales en Panamá cuando hizo estos anuncios.
La campaña de bombardeos aéreos lanzada en septiembre de 2025 contra presuntas lanchas de narcotráfico ha dejado al menos 215 muertos, según reportó El Comercio. Juristas y organizaciones de derechos humanos han cuestionado si estas operaciones constituyen ejecuciones extrajudiciales.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
