Exfiscal Saúl Sánchez es investigado por daños patrimoniales en operativo del Museo de Arte Colonial
La Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural denunció que el operativo ejecutado en diciembre de 2025 y enero de 2026 puso en riesgo bienes patrimoniales. Sánchez enfrenta audiencia de primera declaración programada para el 13 de agosto ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez.
- Saúl Sánchez, exfiscal de Delitos contra el Patrimonio, es investigado por daños y el retiro de 287 piezas del Museo de Arte Colonial
- Operativo se ejecutó entre 29 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026; solo ocho piezas tenían riesgo técnico según el Ministerio de Cultura
- El edificio está en usufructo al Ministerio de Cultura hasta 2032 con convenio que lo faculta usar solo para actividades culturales
El Ministerio Público investiga al exjefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Saúl Sánchez, por las presuntas irregularidades en el operativo que resultó en el retiro de doscientos ochenta y siete piezas del Museo de Arte Colonial ubicado en La Antigua Guatemala. Las pesquisas establecen que Sánchez, quien fue hombre de confianza de la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta, habría actuado para obtener un beneficio particular. El edificio del museo había sido entregado en usufructo por treinta años al Ministerio de Cultura y Deportes por la Municipalidad de Antigua Guatemala, plazo que vence en 2032, conforme a un convenio que facultaba a la municipalidad a utilizar el inmueble solo para actividades culturales.
El treinta de julio de dos mil veintiséis, el Ministerio Público solicitó órdenes de allanamiento y aprehensión contra Sánchez, pero la jueza María Benilda Sandoval declaró sin lugar las solicitudes y ordenó su comparecencia mediante citación. La audiencia de primera declaración fue programada para el trece de agosto a las veinte horas ante el Juzgado de Primera Instancia Penal y de Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez. La investigación comenzó tras una denuncia de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que consideró que el operativo puso en riesgo los bienes patrimoniales.
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, bajo dirección de Sánchez, argumentó que el inmueble no reunía condiciones para conservar bienes culturales y que las medidas de seguridad eran insuficientes. El treinta de diciembre de dos mil veinticinco y continuando hasta el dos de enero de dos mil veintiséis, el Ministerio Público ejecutó diligencias de inspección, registro y secuestro. Especialistas del Centro de Restauración de Bienes Muebles desmontaron, embalaron y trasladaron las doscientos ochenta y siete piezas. El Ministerio de Cultura afirmó que solo ocho piezas fueron identificadas con riesgo de colapso, aunque finalmente se retiraron todas las doscientos ochenta y siete obras. El Ministerio Público rechazó estos señalamientos, sosteniendo que las diligencias fueron autorizadas judicialmente y realizadas conforme al debido proceso. El noventa y ocho por ciento de las piezas fue trasladado a un espacio en el Palacio Nacional de la Cultura, según reportó Prensa Libre.
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