Guatemala crea mecanismo para facilitar retorno seguro de exiliados políticos
Organizaciones de exiliados guatemaltecos presentaron un informe que sistematiza el impacto del destierro forzado y exigieron al Gobierno una política pública de reparación con presupuesto e institucionalidad.
- 93 por ciento de persecuciones se concentraron en últimos ocho años durante mandato de fiscal Consuelo Porras
- Presidente Arévalo reconoce deuda histórica y crea mecanismo interinstitucional de retorno
- Informe coordinado por psicólogo Carlos Martín Beristain documenta exilio de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos
La organización Casa Centroamérica, creada por personas exiliadas y migrantes de la región, presentó el viernes en la capital guatemalteca el informe "La verdad del exilio (2014-2025)", un documento que sistematiza el impacto social del destierro forzado. El estudio, coordinado por el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain, documenta cómo la criminalización y la coacción judicial obligaron al exilio a decenas de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos durante la última década.
El informe detalla que el 93 por ciento de las persecuciones registradas se concentraron en los últimos ocho años, una arremetida judicial articulada durante el mandato de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y de atentar contra el Estado de derecho. Según Martín Beristain, el exilio operó en este periodo como un "mecanismo de protección frente a la arbitrariedad" y no como una huida de la justicia.
El presidente Bernardo Arévalo de León reconoció que el Estado mantiene una "deuda histórica" con las personas forzadas al destierro y anunció la creación de un mecanismo interinstitucional para facilitar el retorno seguro de los guatemaltecos en el exilio. Esta instancia coordinará acciones entre la Presidencia, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Arévalo de León indicó que buscará un acercamiento con el sector justicia para revisar el uso de los procesos penales y garantizar que las personas exiliadas tengan acceso a información sobre su situación jurídica. El jefe de Estado anunció además el fortalecimiento de los mecanismos de protección y atención dirigidos a periodistas, defensores de derechos humanos, autoridades de los pueblos indígenas y operadores de justicia, según reportó Prensa Libre.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
