Georgia mantiene protesta diaria por democracia tras 618 días de movilización continua
Gobierno del Sueño Georgiano endureció represión con ley de asociaciones restrictiva e inspirada en legislación rusa, provocando arrestos y multas a manifestantes.
- Movilizaciones diarias en Georgia desde hace más de 618 días tras elecciones de octubre 2024
- Gobierno aprobó ley de asociaciones que obliga ONG con contactos exteriores a registrarse como agentes extranjeros
- Aproximadamente 60 presos políticos según organizaciones de derechos civiles; multas de 5000 laris por participar en protestas
Georgia mantiene una protesta diaria sostenida durante más de 618 días tras las elecciones generales de octubre de 2024, cuando el partido Sueño Georgiano, controlado por el magnate Bidzina Ivanishvili con fortuna estimada en el 20% del PIB del país, obtuvo la mayoría absoluta con el 53% de los votos según resultados oficiales. La oposición consideró que hubo fraude masivo y convocó movilizaciones que en su punto álgido reunieron a más de 250.000 personas en un país de 3,5 millones de habitantes.
Las protestas escalaron tras dos controvertidas decisiones del gobierno: suspender negociaciones para integrarse en la Unión Europea, respaldada por más del 70% de los georgianos, y aprobar una ley de asociaciones muy restrictiva inspirada en legislación rusa. La normativa obliga a todas las ONG con contactos exteriores a registrarse como agentes extranjeros y solo pueden recibir fondos con visto bueno previo del gobierno. Incumplimientos se castigan con penas de hasta seis años de prisión, mientras que participar en protestas puede resultar en multas de 5000 laris, equivalentes a varios meses de salario.
La represión incluye arrestos frecuentes con brutalidad excesiva. Organizaciones de derechos civiles calculan cerca de 60 presos políticos en el país, algunos denunciando torturas, mientras que represaliados con castigos menores se cuentan por cientos. Denis Krivosheev, responsable de Amnistía Internacional en el Cáucaso, señaló que las autoridades han creado un sistema en el que la disidencia pacífica es un delito. La represión ha amordazado la sociedad civil, forzando la mayoría de ONG a hacer fuertes recortes de personal y recurrir a voluntarios ante la imposibilidad de recibir financiación pública o extranjera, según reportó La Nación.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
