Empresas de 200+ trabajadores deben informar anualmente sobre equidad de género
Una ley publicada en el diario oficial establece que empresas de doscientos o más trabajadores deberán informar anualmente sobre sus políticas de equidad de género. Para sectores minero, de investigación y desarrollo, financiero, de energía, del transporte y de la construcción, la obligación rige a partir de empresas con cincuenta o más empleados. La iniciativa fue aprobada en junio de 2026.
- Empresas de 200+ trabajadores deben reportar anualmente sobre políticas de equidad de género
- Sectores minero, financiero, de energía, transporte y construcción comienzan la obligación desde 50 empleados
- Informe debe incluir participación de mujeres, brecha salarial y medidas de conciliación laboral
La ley, ingresada como moción parlamentaria en enero de 2023 por las senadoras Loreto Carvajal (PPD), Paulina Núñez (RN) y Claudia Pascual (PC), junto al senador Gastón Saavedra (PS) y la exsenadora Isabel Allende (PS), incorpora un nuevo capítulo al Código del Trabajo denominado De las medidas para la inclusión de las mujeres trabajadoras en las empresas.
El informe anual debe contemplar al menos el porcentaje de participación de mujeres en la organización, indicadores sobre su presencia en cargos de responsabilidad, medidas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, antecedentes de brecha salarial y otras acciones adoptadas para promover equidad de género. El documento debe ser elaborado y enviado electrónicamente en marzo de cada año a la Dirección del Trabajo.
Especialistas consultados indican que aún no existe un número importante de consultas de empresas, lo que atribuyen a que la norma acaba de publicarse y falta que la Dirección del Trabajo emita su reglamento. Diego Nodleman de GNP_Canales Abogados Laborales y Pedro Eguiguren de Eguiguren Abogados coinciden en que la ausencia del reglamento lleva a que muchas empresas esperen directrices antes de adoptar medidas concretas. Juan Pablo Prüssing, del estudio Palma, considera que el reglamento pendiente abre una ventana de tiempo para que las empresas se preparen con anticipación, además de que la exposición pública del informe genera presión reputacional relevante, particularmente para compañías grandes o de sectores sensibles, según reportó La Tercera.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
