Cuatro organizaciones de derechos humanos demandan a Trump por sanciones a la Corte Penal Internacional
Cuatro organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, presentaron una demanda ante un tribunal en Nueva York contra la administración Trump por las sanciones impuestas a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional. La demanda de 101 páginas argumenta que las medidas violan la Primera Enmienda y afectan la capacidad de la CPI para perseguir crímenes de guerra y genocidio.
- Demanda conjunta de HRW, American Friends Service Committee, Center for Constitutional Rights y Open Society Institute
- Sanciones Trump afectan a 8 jueces, 3 fiscales, 1 experto de la ONU y 3 organizaciones de derechos humanos
- Organizaciones argumentan violación de libertad de expresión y obstaculización del acceso a la justicia internacional
Four organizations of human rights defenders, including Human Rights Watch, the American Friends Service Committee, the Center for Constitutional Rights, and the Open Society Institute, filed a lawsuit Tuesday in a New York court against the Trump administration. The organizations challenged executive sanctions imposed on judges, prosecutors, and UN experts of the International Criminal Court, arguing the measures violate United States laws including protections guaranteed by the First Amendment to the Constitution.
La administración Trump ha impuesto sanciones contra ocho jueces, tres fiscales, un experto de la ONU y tres organizaciones de derechos humanos de la CPI. Las medidas, ordenadas mediante decreto ejecutivo firmado en febrero de 2025, incluyen prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos. Muchas de estas sanciones están vinculadas directamente a la orden de arresto que la CPI emitió contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por la guerra en Gaza, así como a investigaciones sobre presuntos abusos estadounidenses durante la guerra en Afganistán.
La demanda de 101 páginas sostiene que las sanciones causan «un daño profundo e irreparable» y representan «un abuso de poder ilegal que constituye un ataque frontal contra el estado de derecho, la independencia de los jueces, fiscales y abogados». Los demandantes argumentan que las medidas afectan directamente la capacidad de la CPI de llevar ante la justicia a los perpetradores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La demanda identifica como demandados al presidente Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el fiscal general Todd Blanche y Bradley Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
En junio, tres jueces de la CPI sancionados por la administración Trump presentaron su propia demanda contra el presidente y otros funcionarios estadounidenses, argumentando que las medidas constituyen presión extrajudicial. Según reportó ABC Color, tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea habían instado previamente a Trump a revertir las sanciones contra miembros de la CPI. Washington también ha cuestionado la jurisdicción del tribunal, afirmando que representa «una amenaza intolerable para la soberanía» y prometiendo intensificar su campaña contra la CPI más allá de las sanciones existentes, buscando presionar a otros países para retirarse de la institución.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
