Juez de Miami ordena indemnización de 314 millones de dólares por torturas a tres estadounidenses
El juez Darrin P. Gayles dictó sentencia el 14 de julio ordenando a Maduro, Saab y otros funcionarios venezolanos indemnizar con 314 millones de dólares a tres estadounidenses que fueron detenidos y torturados.
- Sentencia en rebeldía de juez de Miami contra Maduro, Saab y altos funcionarios venezolanos por 314 millones de dólares
- Los demandantes fueron liberados en 2023 en intercambio por Álex Saab, considerado testaferro de Maduro
- Juez concluyó que los secuestros formaron parte de una estrategia deliberada de terror estatal
El juez Darrin P. Gayles de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida emitió el 14 de julio una sentencia en rebeldía que condena a Nicolás Maduro, Álex Saab y otros cinco exfuncionarios venezolanos a indemnizar con 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses. Los demandados fueron vinculados con la organización conocida como el "Cartel de los Soles", siendo acusados de conformar una "empresa criminal" responsable de los secuestros y torturas.
Los demandantes son Jerrel Kenemore de Texas, Jason Saad de Alabama y Edgar Marval de Florida. Según sus denuncias, fueron detenidos en Venezuela bajo acusaciones de terrorismo y espionaje que el gobierno estadounidense consideró infundadas. Durante su cautiverio sufrieron graves torturas que incluyeron golpes y descargas eléctricas administradas por los servicios de inteligencia del régimen.
Los tres hombres fueron liberados el 2023 en el marco de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas que incluyó la excarcelación de Álex Saab, considerado uno de los principales testaferros financieros de Maduro. El fallo señaló que los demandantes fueron "víctimas de una campaña de terror estatal destinada a utilizar rehenes estadounidenses como moneda de cambio", responsabilizando directamente al gobierno de Maduro.
Aunque la sentencia tiene un significativo valor simbólico y legal, su cobro efectivo enfrenta obstáculos importantes, ya que requeriría ubicar y embargar activos de los condenados fuera de Venezuela. Hasta el momento, ni el gobierno venezolano ni los involucrados han emitido declaraciones oficiales sobre la sentencia, según reportó Efecto Cocuyo.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
