Juicio a Maduro fijado para el 1 de junio de 2027 en Nueva York

Tres procesos corren a distintas velocidades en Venezuela: el juicio en EE. UU., el interinato chavista y una negociación de la que la oposición se aparta.

Venezuela vive el proceso político más disruptivo de su historia reciente. En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar a gran escala en territorio venezolano, denominada Operación Lanza del Sur, que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos penales. El secretario de Estado, Marco Rubio, esbozó un plan de tres fases: estabilidad, recuperación y transición.

Tras la captura, se activó una sucesión extraordinaria. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, fue designada presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia con respaldo del alto mando militar. Su gobierno interino comenzó, según la cronología oficial, el 5 de enero de 2026. En estos meses ha dado algunas señales de apertura, como la liberación de un centenar de personas detenidas, en su mayoría tras las cuestionadas elecciones de 2024.

El caso judicial avanza en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. Maduro y Flores enfrentan cargos de narcotráfico, tráfico de armas, conspiración para cometer narcoterrorismo y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y ambos se han declarado inocentes. Tras varias audiencias preparatorias, el juez federal Alvin K. Hellerstein fijó el 22 de julio de 2026 el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027. En caso de ser condenado, Maduro podría enfrentar cadena perpetua.

La líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 y fuera del país desde diciembre, y el presidente electo Edmundo González Urrutia difundieron el domingo 26 de julio un comunicado conjunto en el que anunciaron que no participarán en el mecanismo de diálogo previsto para el 1 de agosto entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y el Parlamento de mayoría chavista. Aclararon que no serán un obstáculo para iniciativas que produzcan avances reales, pero condicionaron su respaldo a resultados verificables como la recuperación de instituciones democráticas y la liberación de todos los presos políticos.

Venezuela combina hoy tres procesos que corren a distintas velocidades: el judicial, con juicio en junio de 2027; el institucional interno, con el gobierno interino de Delcy Rodríguez y el chavismo aún con control del aparato estatal; y el de negociación política, del que la oposición mayoritaria se aparta. Las preguntas abiertas son si el chavismo aceptará una transición real, qué papel jugará el reconocimiento internacional a González Urrutia y cómo condiciona la presencia militar estadounidense la soberanía del proceso. La resolución influirá en el petróleo, la migración regional y el equilibrio geopolítico del hemisferio.