Costa Rica reconoce ocho pueblos originarios enfrentados a despojo de tierras
En Costa Rica habitan ocho pueblos originarios distribuidos en 24 territorios que enfrentan un proceso de inaplicación de la ley, generando tensiones constantes y episodios de violencia territorial.
- Costa Rica reconoció su carácter multicultural apenas en 2015 mediante reforma constitucional, llegando tarde respecto a otros países latinoamericanos
- Investigación 2026 de la UNED estima que una de cada tres hectáreas de territorios indígenas está en poder de personas no indígenas, violando ley de 1977
- Procesos de recuperación territorial desencadenaron violencia, incluyendo el asesinato de líderes indígenas como Sergio Rojas
Costa Rica alberga ocho pueblos originarios —bribris, cabécares, maleku, boruca, térraba, huetar, chorotega y Ngäbe-Buglé— distribuidos en 24 territorios indígenas. Según Denia Román Solano, investigadora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, el país "llegó tarde a la ola de la multiculturalidad en América Latina" al establecer su carácter multicultural y multiétnico apenas en 2015 en la Constitución política.
A pesar de que desde 1977 la ley establece que los 24 territorios indígenas son exclusivos para las comunidades que los habitan, una investigación de 2026 publicada por la UNED estima que una de cada tres hectáreas sigue en manos de personas no indígenas. Esta inaplicación de la ley ha generado tensiones constantes dentro de los territorios, particularmente en el sur, en el cantón de Buenos Aires —el más diverso del país— donde pobladores no indígenas representan entre 50 y 60 por ciento de la población.
Procesos implementados para garantizar que los territorios permanezcan en manos indígenas han desencadenado episodios de violencia, incluyendo el asesinato de líderes indígenas. Jorge Morales Elizondo, egresado en Sociología de la UCR, lamenta que a pesar de existir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los gobiernos no han logrado dar solución a una problemática que genera tensiones dentro de los territorios. Según Ingrid Hausinger, directora de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll, la gran problemática radica en la no aplicación de la ley, la no aplicación del Convenio 169, la presencia de estructuras políticas administrativas ajenas a los pueblos indígenas y la limitación de su derecho a la libre determinación de sus propios territorios, según reportó Confidencial.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
