La transición tutelada de Venezuela tras la captura de Maduro
Petróleo, sanciones, presos políticos y una oposición dividida definen un proceso que analistas describen como un protectorado de facto.
- Estados Unidos capturó a Maduro el 3 de enero de 2026 e instaló una transición supervisada.
- Delcy Rodríguez fue designada presidenta encargada por el Tribunal Supremo.
- El proceso combina apertura petrolera, amnistía limitada y una oposición dividida.
La madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó, según el gobierno de Donald Trump, un ataque a gran escala contra Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, sacados por la fuerza de su residencia en Caracas. Análisis militares recogidos por CNN describieron una operación de alto riesgo, con helicópteros que aterrizaron bajo fuego terrestre. Maduro fue trasladado a Nueva York, donde tuvo su primera audiencia en una corte federal el 5 de enero, acusado de narcoterrorismo. Trump afirmó que Estados Unidos administraría el país hasta lograr una transición segura, adecuada y prudente.
Tras la captura se activó una crisis constitucional. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Maduro, fue designada presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia, con respaldo del alto mando militar; su gobierno se considera iniciado el 5 de enero de 2026. Su hermano, Jorge Rodríguez, preside la Asamblea Nacional oficialista y coordina el diálogo con la oposición. El chavismo conserva el aparato estatal —Tribunal Supremo, fuerzas armadas y Asamblea—, mientras Washington ejerce una tutela externa. Trump descartó públicamente a la líder opositora María Corina Machado para encabezar la transición, lo que marcó desde el inicio el carácter tutelado del proceso.
El secretario de Estado Marco Rubio anunció un plan estadounidense de tres fases: estabilización, recuperación y transición. En la práctica, analistas y medios describen un protectorado de facto, con delegaciones diplomáticas que supervisan la seguridad de instalaciones petroleras, gestionan fondos y auditan cada paso. La embajada de Estados Unidos en Caracas reabrió tras siete años de ruptura de relaciones.
El componente económico es central. Estados Unidos relajó sanciones y, para febrero, las ventas de petróleo entre ambos países habían alcanzado los 1.000 millones de dólares, con apertura a empresas privadas estadounidenses y europeas, entre ellas la española Repsol. En materia de derechos humanos, la Asamblea Nacional aprobó el 19 de febrero de 2026 una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que permitió excarcelar al menos 110 presos políticos. Pero en abril Delcy Rodríguez anunció el fin de la aplicación de esa ley, una señal de que el chavismo administra las concesiones a su ritmo.
La transición no equivale a una entrega del poder. La oposición llega fragmentada: de los ocho partidos de la Plataforma Unitaria, solo Primero Justicia y Voluntad Popular integran la comisión negociadora encabezada por Dinorah Figuera, quien regresó del exilio el 18 de junio de 2026. El punto más sensible es el cronograma electoral, sobre el que Rodríguez ha sido deliberadamente ambigua, al decir que las elecciones serán cuando el país esté preparado. Analistas advierten que el sistema represivo se mantiene y que el desenlace —elecciones creíbles o una mera adaptación autoritaria— definirá el equilibrio de poder en la región.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
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