La vacancia moral, el mecanismo que rota presidentes en Perú
El origen, el procedimiento y las consecuencias del mecanismo constitucional que convirtió a Perú en un caso de estudio de inestabilidad institucional.
- Perú tuvo ocho presidentes en poco más de una década por la figura de la vacancia por incapacidad moral.
- El mecanismo, del artículo 113 de la Constitución de 1993, permite remover al presidente sin proceso judicial y requiere 87 votos.
- Juristas piden una reforma que delimite causales y estándares de prueba para evitar su uso político.
La destitución de José Jerí y la llegada de José María Balcázar no son un episodio aislado, sino el capítulo más reciente de una crisis institucional que ha convertido a Perú en un caso de estudio regional. En poco más de una década, el país tuvo ocho presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora Balcázar. Ningún otro país de América Latina exhibe una rotación semejante en el siglo XXI.
Detrás de esa inestabilidad hay una figura constitucional específica: la vacancia por permanente incapacidad moral, contemplada en el artículo 113, inciso 2, de la Constitución de 1993, con origen en la Constitución de 1839. Funciona como un mecanismo mediante el cual el Congreso puede remover al presidente sin proceso judicial previo ni necesidad de probar un delito. El problema medular es de interpretación: la expresión nació pensada para referirse a la incapacidad mental o física para gobernar, pero el Congreso contemporáneo la reinterpretó como incapacidad ética o de conducta, con un umbral difuso y sin estándares probatorios objetivos.
El trámite es relativamente ágil. Un grupo de congresistas presenta la moción de vacancia —o, como en el caso de Jerí, una censura, dado que gobernaba como presidente del Parlamento—; luego se admite a debate y se pasa a la votación final. Para declarar la vacancia por incapacidad moral se necesitan al menos 87 votos, dos tercios del Congreso unicameral de 130 miembros. Al no haber vicepresidentes disponibles en varios episodios, la sucesión recae en el presidente del Congreso, razón por la cual Balcázar, al ser electo titular del Parlamento, pasó automáticamente a la Presidencia.
Juristas y organismos advierten que el uso de esta causal es incompatible con un Estado constitucional de derecho cuando se aplica sin criterios objetivos. Un análisis académico reciente concluyó que la causal se ha usado sin estándares probatorios mínimos y recomendó una reforma que delimite cuándo procede. El precedente fundacional moderno es el de Alberto Fujimori en 2000; el caso de Martín Vizcarra en 2020 fue especialmente grave, pues su vacancia derivó en el efímero gobierno de Manuel Merino, protestas masivas y muertos en las calles.
Las consecuencias van más allá de la política: parálisis de políticas públicas, incertidumbre que ahuyenta inversión de largo plazo, descrédito ciudadano y judicialización del poder. Con elecciones generales a la vista en 2026, la pregunta de fondo es si el próximo Congreso impulsará una reforma constitucional que fije causales tasadas y estándares de prueba, o si el arma de doble filo seguirá disponible para el siguiente ciclo de crisis.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.