CACIF plantea mesa técnica para discutir Ley de Aguas antes de dictamen en Congreso
La iniciativa 6816 de Ley de Aguas enfrenta cuestionamientos del sector privado que reclama exclusión de su participación; diputados consideran prioritario análisis técnico sobre presiones de calendario electoral.
- CACIF busca mesa técnica en Comisión de Ambiente para plantear observaciones sobre iniciativa 6816 que propone Superintendencia del Agua como ente rector
- Iniciativa contiene 215 artículos y representa 'deuda constitucional de 40 años'; diputados prioriz análisis técnico y consenso sobre calendario electoral
- CACIF advierte que ley aprobada en términos actuales causaría 'daño tremendo' al país y generaría confrontación innecesaria
La iniciativa 6816, que propone una Ley de Aguas en Guatemala, llegó al Congreso y fue remitida el martes 11 de agosto a la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) busca abrir una discusión técnica con los diputados, argumentando que el sector privado no fue tomado en cuenta durante la elaboración de la propuesta.
Carlos Arias Bouscayrol, presidente del CACIF, explicó que el sector privado no se opone a una regulación del agua, sino al contenido específico de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Señaló que las reuniones previas con el Ejecutivo no permitieron una discusión técnica genuina. 'Lo que hubo fue un acercamiento sin intención de generar acuerdos y discusión', manifestó. Arias Bouscayrol advirtió que el texto legal fue compartido con el sector privado en etapa avanzada del proceso y sus observaciones no fueron incorporadas. Criticó que la ley excluye a las municipalidades, que considera claves para resolver el problema hídrico.
Arias Bouscayrol advirtió sobre posibles efectos negativos de la iniciativa. 'La ley como está le haría un daño tremendo al país. Y lejos de ayudar, lo que va a hacer es crear un problema, incluso de confrontación, que no se necesita en el país', afirmó. Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso e integrante de la Comisión de Ambiente, consideró que la discusión debe priorizar el análisis técnico y la búsqueda de acuerdos por encima de presiones electorales.
Rivera destacó que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, encabezado por Patricia Orantes, realizó actividades de socialización en distintas regiones y recibió propuestas de comunidades y sectores productivos. 'La Iniciativa 6816 responde a una deuda constitucional de 40 años, y sus 215 artículos requieren que la Comisión continúe ese diálogo de forma seria, abierta y sin prisas con todos los sectores', indicó. Rivera propuso que mesas técnicas permitirían avanzar en el análisis, pero descartó acelerar la discusión por razones de calendario electoral: 'Lo que Guatemala necesita es una ley de país, técnicamente sólida y consensuada', concluyó, según reportó Prensa Libre.
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