Debate sobre tierras rurales en Argentina enfatiza uso de tierra sobre nacionalidad del dueño
El Gobierno retiró un capítulo polémico del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero persiste el debate sobre si el límite a la tenencia extranjera debe ser 15 o 25 por ciento.
- La ley argentina vigente limita acceso a tierra rural según nacionalidad del titular, sin regular qué hace con la propiedad
- El proyecto de reforma elevaría límite de 15 a 25 por ciento y suprimiría cupos por nacionalidad, pero mantiene enfoque en pasaporte del dueño
- Expertos sostienen que regulación debería enfocarse en impacto ambiental y laboral, no en origen del propietario
El debate actual sobre extranjerización de la tierra en Argentina discute magnitudes cuando el verdadero problema es un criterio fundamental. La ley vigente limita el acceso a tierra rural según quién es el titular: cuánto puede tener un extranjero, de qué nacionalidad y en qué proporción. Sin embargo, no dice nada sobre lo que ese extranjero hace con la tierra. Un extranjero que planta, procesa y exporta recibe exactamente el mismo tratamiento que otro que compra 200.000 hectáreas y espera que se aprecien. Mientras tanto, un argentino que desmonta, vacía un acuífero o cierra acceso a un lago no aparece en la discusión porque su pasaporte lo sitúa fuera del alcance de la pregunta.
El proyecto de reforma del Gobierno, postergado actualmente, eleva el tope del 15 al 25 por ciento, suprime los cupos por nacionalidad y el máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, deja de computar el límite por departamento para hacerlo solo por provincia. Sin embargo, no aborda la pregunta más importante: se preocupa por quién es el titular sin interesarse por qué hace con la tierra. Su única concesión es una cláusula genérica que remite a la Constitución y ley ambiental, normas que ya rigen.
Los conflictos que efectivamente se producen sobre el territorio no se ordenan por nacionalidad. El agua, el bosque, el acceso a un espejo de agua público, el desplazamiento de pequeños productores y el empleo que genera una explotación nada de eso cambia según de dónde sea el dueño. La ley que se propone reformular contiene la premisa que permitiría prescindir del criterio de nacionalidad: establece que la adquisición de tierras rurales no se entiende como inversión por tratarse de un recurso natural no renovable. La pregunta pertinente entonces no es cuánta tierra puede tener un extranjero, sino qué debe hacer o respetar, cualquiera sea quien la tenga, según reportó La Nación.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
