Gobierno de Milei enfrenta rechazo del 66% por política económica pese a control inflacionario
Mientras Milei controló la inflación, el deterioro del poder adquisitivo de salarios y aumento de tarifas de servicios públicos reconfiguró la agenda política y generó rechazo mayoritario.
- El 66% rechaza la política económica de Milei; el 79% de quienes redujeron consumo están contra el Gobierno
- Bajada del poder adquisitivo por tope de aumentos salariales e incremento en precios de luz y gas
- En encuestas, economía general, corrupción, bajos salarios y desempleo desplazaron a la inflación como principal preocupación
El gobierno de Javier Milei enfrenta un dilema político fundamental: si bien logró controlar la inflación que caracterizaba la administración anterior, su enfoque de aplicar una receta económica científica choca con realidades de la política práctica. El 66% de la población rechaza la política económica del Gobierno, según reportó La Nación, evidenciando que el éxito técnico no se traduce automáticamente en apoyo político.
Un estudio realizado por Mora Jozami de Casa Tres revela la reconfiguración de la agenda ciudadana. En diciembre de 2023, cuando Milei asumió, la inflación era la principal preocupación. Actualmente, el 19% considera que la economía en general es el obstáculo número uno del país, seguida por la corrupción con el 16%, los bajos salarios con el 13% y el desempleo con el 12%. Esta mutación de prioridades refleja que el Gobierno pagó su éxito antiinflacionario con el cambio de agenda política.
El movimiento del poder adquisitivo del salario representa el factor más determinante en la orientación del voto. Del estudio de Casa Tres surge que el 79% de quienes debieron reducir su consumo está contra el Gobierno, mientras que solo el 25% de quienes no ajustaron gastos simpatiza con Milei. Esta caída del poder adquisitivo obedece a dos factores: el tope impuesto al aumento de sueldos, manteniendo la mejora salarial por debajo de la inflación, y el aumento de precios de servicios públicos como electricidad y gas. El Gobierno liberalizó estas tarifas para corregir distorsiones fiscales heredadas y la remuneración adecuada de los servicios públicos, replicando una estrategia que Mauricio Macri intentó en 2016 sin éxito ante medidas cautelares de la Justicia.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
