Venta ambulante de chips facilita operaciones de redes de extorsión en Perú
La venta informal de chips en Perú persiste como eslabón clave en la cadena de operaciones de redes de extorsión, según un análisis de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú. A pesar de prohibiciones legales vigentes desde hace años y herramientas técnicas disponibles, operadoras como Claro y Bitel continúan permitiendo esta práctica en sus canales de venta.
- Vendedores ambulantes activan chips y capturan datos biométricos para venderlos a redes criminales, insumo esencial para extorsionistas
- Claro y Bitel concentran más del 60% de multas impuestas por Osiptel en 2026 por infracciones de validación de identidad y venta ambulatoria
- La práctica persiste explotando limitaciones técnicas del sistema GPS que detecta vendedores en locales autorizados sin serlo
La extorsión en Perú no comienza con amenazas directas o explosivos dejados en comercios, sino en la esquina donde un vendedor ambulante activa un chip sin consentimiento del usuario o captura su información biométrica para venderla a una red criminal. Esas líneas y datos biométricos constituyen el insumo fundamental que permite a las redes de extorsión esconderse tras identidades de terceros para coordinar amenazas, suplantar identidades, vulnerar servicios bancarios y recibir cupos sin dejar rastro.
Lo crítico es que esta práctica persiste a pesar de haber sido expuesta públicamente desde hace más de un lustro por el regulador y organizaciones de defensa del consumidor como ELEGIR, contando ya con herramientas legales y técnicas para prohibirla. Una investigación reciente de ELEGIR grabó la venta ambulatoria de chips de las operadoras Claro y Bitel, que concentran conjuntamente más del 60% de las multas impuestas por Osiptel en 2026 por infracciones relacionadas con validación de identidad y venta ambulatoria. Los vendedores explotan una limitación técnica del sistema GPS que los detecta como si estuvieran en un local autorizado cuando en realidad están en la vía pública, simulando cumplimiento normativo sin ser fiscalizados ni separados de la fuerza de ventas.
Mientras esta venta ambulante continúe, las redes de extorsión tendrán las herramientas para expandir sus operaciones. El análisis de ELEGIR Perú señala que no faltan normas para combatir la práctica, sino voluntad institucional para aplicar el marco existente. El planteamiento es que el paquete de seguridad del gobierno incorpore acciones de erradicación coordinadas: municipalidades que fiscalicen, policía que intervenga, ministerio público que investigue, regulador que endurezca requisitos de venta, operadoras que prioricen seguridad sobre ventas, y ciudadanía que denuncie al vendedor ambulante antes de que produzca herramientas para el crimen organizado, según reportó El Comercio.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
