Eliminación del IUSI beneficia principalmente a propietarios de viviendas de lujo en Guatemala
El Congreso de Guatemala eliminó el IUSI sin evaluar adecuadamente a quiénes beneficia. Propietarios de viviendas caras y muy caras obtienen exoneraciones significativas, mientras damnificados de impuestos indirectos subsidian la merma de ingresos municipales.
- Eliminación de IUSI beneficia desproporcionadamente a propietarios de viviendas de lujo con precios de millones de quetzales frente a reducciones mínimas en casas populares
- Municipalidades perderán ingresos tributarios, debilitando su capacidad de inversión en servicios y poder de convocatoria electoral
- Congreso carece de salida política para revertir decisión sin reacción de sectores populares, quedando atrapado en sus propias contradicciones
La decisión del Congreso de eliminar el Impuesto Único Sobre Inmuebles reflejó un análisis insuficiente de las consecuencias distributivas. Los immuebles reflejan enorme variedad de realidades: no es lo mismo una vivienda en barrio marginal popular que otra en áreas residenciales medianas, de lujo o alto lujo con precios de tierra y construcción elevadísimos. Mientras propietarios de casas populares ven exoneraciones mínimas que desaparecerán al aumentar precios de artículos de primera necesidad o cuotas escolares, los propietarios de inmuebles caros se ahorran cantidades significativas.
El Estado deja de percibir una cantidad reducida proveniente de casas de bajo precio, pero esta cantidad es enormemente multiplicada por viviendas cuyo valor alcanza millones de quetzales. Los principales beneficiados son propietarios de autos y casas de lujo. Empresas pequeñas y mini, como tiendas de barrio, deben pagar el 9 por millar de impuesto, igual que las grandes empresas. Los alcaldes municipales verán mermados sus ingresos, lo que merma su capacidad de invertir en servicios públicos y de ejercer influencia electoral.
El Congreso quedó atrapado en un pantano sin salida política. Ahora le es imposible abolir la decisión, pues la reacción de sectores populares sería contraria, debido a la dificultad ciudadana de entender las contradicciones. Los verdaderos beneficiados por propiedades caras no saldrán a defender públicamente una decisión que les genera desprestigio. Las municipalidades cargarán con la responsabilidad de recaudación reducida sin poder explicar públicamente por qué. Los propietarios de lujo evitarán exponerse. Sin suficientes ciudadanos probos interesados en revertir, la decisión quedará incólume como resultado de malignidad y estupidez institucional, según análisis de Prensa Libre.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
