María Pía Silva asume presidencia del TC reafirmando independencia de presiones políticas
María Pía Silva, primera antigüedad en el pleno del Tribunal Constitucional, asumió la presidencia reafirmando que el tribunal no es actor político y ejerce estrictamente control jurídico de constitucionalidad.
- María Pía Silva, académica de Derecho desde 2018, ahora preside el Tribunal Constitucional
- Fue discípula del jurista Alejandro Silva Bascuñán y lo honra como impronta de su gestión
- Defiende que el TC ejerce control constitucional, no político, a pesar de críticas parlamentarias
María Pía Silva fue designada ministra del Tribunal Constitucional en 2018 y actualmente es la primera antigüedad en el pleno, posición que le permitió asumir la presidencia de la institución. Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica con una larga carrera dedicada al derecho constitucional, Silva describió el cargo como «un sueño» para cualquier académico apasionado por la materia.
La nueva presidenta es discípula del jurista Alejandro Silva Bascuñán, con quien escribió libros e informes en derecho constitucional, se transformó en su albacea y hasta la actualidad lo honra. Al asumir la presidencia, Silva citó un considerando del fallo del TC sobre el proyecto Escuelas Protegidas que reafirmaba que «el control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico», ante asistentes incluido el Presidente José Antonio Kast.
Silva defendió que el rol del tribunal consiste en velar por la supremacía constitucional mediante control jurídico, no político, pese a las críticas que provienen del sector político. Explicó que el tribunal juzga actos de otros órganos a la luz de la Constitución, aplicando criterios de interpretación constitucional particulares, no los típicos de una ley ordinaria.
Frente a los reproches parlamentarios de que el tribunal resuelve políticamente, Silva reafirmó que son jueces constitucionales cuyo deber es aplicar la Constitución. «Somos un tribunal, no somos actores políticos», enfatizó, subrayando que el tribunal tiene el deber de actuar y declarar inconstitucionalidad cuando corresponda, siempre como última ratio, explicando motivadamente las consecuencias gravitantes de sus sentencias, según reportó La Tercera.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
