Ángel Aguirre ingresa en prisión federal por ocultamiento de pruebas en caso Ayotzinapa
Ángel Aguirre, quien gobernó Guerrero entre abril de 2011 y octubre de 2014, ingresó este jueves al Centro Federal de Readaptación Social Altiplano en el Estado de México acusado de ordenar el ocultamiento de pruebas vinculadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
- Captura de Aguirre el 6 de agosto en Tepotzotlán por fiscales de la SSPC
- Acusación por ordenar destrucción de videograbaciones relacionadas con desaparición de estudiantes
- Fiscal Ernestina Godoy presentó testimonios de 2026 que acreditan participación en destrucción de evidencia
El exgobernador fue capturado a las 09:46 horas en el municipio de Tepotzotlán por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras una orden de aprehensión emitida por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. Fue trasladado de inmediato al Cefereso número 1 en Almoloya de Juárez.
La Fiscalía General de la República informó que Aguirre ordenó la desaparición de videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa. Según la titular de la FGR, Ernestina Godoy, un nuevo análisis del expediente y testimonios obtenidos en 2026 acreditan la presunta participación del exmandatario estatal en la destrucción de evidencia, así como que la instrucción de ocultamiento fue girada directamente por él con participación de funcionarios estatales de alto nivel.
La noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco de 1968. El caso se considera una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, con solo tres de los jóvenes identificados hasta el momento. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza más de 133.000 personas desaparecidas desde la década de 1950.
Según reportó El Comercio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez indicó que las madres y padres de los normalistas aún no han sido notificados oficialmente sobre los alcances de la imputación, aunque reconoció que si la acusación está sustentada en pruebas sólidas, podría representar un avance en la búsqueda de verdad y justicia para las familias.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
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