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Investigación

México persigue la extorsión de oficio: el reto de la cifra negra

El Acuerdo Nacional contra la Extorsión busca homologar sanciones y persecución de oficio, aunque enfrenta la brecha entre delitos denunciados y estimados.

A
Resumen IA — Tres claves
  • Sheinbaum y los 32 gobernadores aprobaron por unanimidad el Acuerdo Nacional contra la Extorsión el 11 de diciembre.
  • La extorsión se perseguirá de oficio, sin necesidad de denuncia, con sanciones homologadas.
  • El principal reto es la cifra negra: la mayoría de los casos no se denuncia.
Fotografía referencial · Ahora

El 11 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, junto a los 32 gobernadores y su gabinete. En el encuentro se aprobó por unanimidad el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, que Sheinbaum planteó como el mayor desafío de seguridad para 2026 por su fuerte impacto social.

El acuerdo busca que la extorsión se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia, y que las sanciones se homologuen y endurezcan en todo el país. La medida se formalizó posteriormente con el Acuerdo 01/LII/2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación, con instrucción directa a los gobernadores para reforzar la Estrategia Nacional contra la Extorsión y combatir el llamado cobro de piso.

El principal obstáculo es la denominada cifra negra: se estima que la enorme mayoría de los casos de extorsión no se denuncia, por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades. La persecución de oficio pretende justamente sortear esa barrera, permitiendo que las fiscalías actúen aun sin la participación formal de la víctima.

El interrogante central es si el cambio normativo modificará realmente la incidencia del delito o si chocará con la falta de capacidad de las fiscalías estatales. Contrastar por entidad la brecha entre las extorsiones denunciadas y las estimadas en encuestas de victimización como la ENVIPE del INEGI resulta clave para medir el verdadero alcance del fenómeno y la eficacia de la nueva estrategia.

La apuesta del gobierno federal descansa en la coordinación con los estados, pero el éxito dependerá de recursos, capacitación y la confianza ciudadana en el sistema de justicia, factores históricamente débiles frente a un delito que golpea a comercios y hogares en buena parte del territorio.

Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.

Fuentes