Uruguay negocia acuerdo de deportaciones desde Estados Unidos tras meses de conversaciones
La prensa uruguaya difundió versiones sobre negociaciones entre Uruguay y Estados Unidos para la deportación de personas migrantes. Funcionarios del gobierno confirmaron las conversaciones e intentaron presentar la iniciativa como un gesto humanitario, aunque analistas la caracterizan como parte de un modelo de externalización migratoria.
- El gobierno uruguayo negocia recibir personas migrantes deportadas arbitrariamente desde Estados Unidos
- El acuerdo es parte de la externalización de la gestión migratoria, donde terceros países realizan tareas de detención y deportación
- Activistas advierten que el control migratorio y la criminalización de migrantes no evitan desplazamientos, sino que los precarizan y potencian redes criminales
Tras difundirse versiones en prensa, funcionarios del gobierno uruguayo confirmaron de forma no oficial que llevan meses negociando un acuerdo de deportaciones con Estados Unidos. La iniciativa fue presentada como coherente con una tradición de acogida de personas migrantes y refugiadas, aunque analistas cuestionan esa caracterización.
La modalidad se inscribe en procesos más amplios de control migratorio: la externalización de fronteras, donde potencias del Norte Global financian directrices a terceros países para detener migrantes antes de alcanzar sus límites territoriales, y la externalización de la gestión migratoria, que distribuye entre distintos países las tareas de detención, confinamiento y deportación. Este último proceso representa una nueva vuelta de tuerca: no solo busca impedir que las personas alcancen determinadas fronteras, sino también transferir responsabilidades hacia otros estados.
Activistas sostienen que este modelo invierte la defensa de derechos migrantes. El contexto incluye políticas criminalizadoras que presentan la migración como amenaza para las sociedades de destino, justificando despliegues represivos que desconocen garantías de protección de derechos humanos. Advierten que ni el control ni la criminalización evitan desplazamientos, sino que los precarizan, generan violencias múltiples y transforman la migración en un negocio para redes criminales de tráfico de personas, según reportó la diaria.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
