Oposición rechaza potestad exclusiva del presidente del Instituto Nacional de Reinserción por inconstitucional
Durante la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, la oposición rechazó la forma en que se descentralizará el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) argumentando que viola principios constitucionales de entes autónomos.
- Pablo Abdala señaló que otorgar al presidente del directorio la designación de jerarquías sin intervención del directorio es inconstitucional y contradice el artículo 220 de la Constitución
- El artículo 100 de la Rendición de Cuentas 2025 confiere al presidente del nuevo Instituto Nacional de Reinserción potestades sobre tres cargos de gerentes y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas
- Asesores del Ministerio del Interior argumentaron que se requiere una línea de mando firme debido a la sensibilidad de funciones vinculadas con privación de libertad
Durante la presentación de la Rendición de Cuentas 2025 ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el diputado nacionalista Pablo Abdala cuestionó la creación del Instituto Nacional de Reinserción como forma descentralizada del actual INR. Abdala criticó específicamente que el artículo 100 del proyecto otorgue potestades al presidente del directorio para designar jerarquías sin participación del conjunto colegiado.
Abdala señaló que la propuesta es "totalmente inconstitucional" por cuanto tres cargos de gerentes y la Dirección Nacional de Medidas Alternativas dependerían directamente del presidente del Instituto y no del directorio. "Es contradictorio con los principios generales que rigen en materia de derecho administrativo en cuanto a la actividad de nuestros entes autónomos y servicios descentralizados del artículo 220 de la Constitución", expresó el diputado.
El colorado Conrado Rodríguez también cuestionó las "facultades extraordinarias" dispuestas para el presidente del directorio, subrayando que tales potestades exclusivas van más allá de la designación de jerarquías e incluyen cuestiones disciplinarias y la posibilidad de establecer subrogaciones. Rodríguez consideró estas disposiciones "bastante inusual" y solicitó revertir los artículos.
Diego Gonnet, asesor del Ministerio del Interior, explicó que la decisión fue tomada en conjunto con técnicos de Servicio Civil. Gonnet argumentó que dada la "sensibilidad" de la función vinculada a privación de libertad es necesaria "una línea de mando muy firme y muy clara" para que los aspectos operativos de la gestión no entren en debates colegiados, según reportó la diaria.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
