Paraguay aprueba pago de intereses a constructoras hasta 9,9% anual con interrogantes legales
La Cámara de Diputados aprobó el 14 de agosto una ley que autoriza al Ministerio de Obras Públicas a pagar intereses moratorios hasta 9,9% anual por obligaciones no canceladas a contratistas, pero enfrentan críticas por sus implicaciones legales y financieras.
- La Ley autoriza al MOPC reconocer y pagar intereses moratorios de hasta 9,9% anual por certificados de obras incumplidos, acumulando aprobaciones del Senado el 23 de marzo y pendiente promulgación.
- La diputada Johana Ortega advirtió problemas jurídicos: la norma podría modificar unilateralmente obligaciones derivadas de contratos ya celebrados con diferentes términos.
- Tres escenarios legales emergen: contratos con tasas inferiores que subirían, contratos con tasas superiores que se limitarían, y contratos sin intereses previstos que ahora los generarían.
La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó esta semana el proyecto de ley que autoriza el pago de intereses por certificados de obras, presentado el 23 de marzo de 2026 por los senadores Natalicio Esteban Chase Acosta, Juan Carlos Luis Galaverna Ortega, Patrick Paul Kemper Thiede, Orlando Penner Dürksen y Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland. La iniciativa, que ya había obtenido aprobación del Senado, queda pendiente de promulgación.
El proyecto autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones reconocer y pagar intereses moratorios por obligaciones no canceladas en plazo a contratistas, consultores o proveedores del Estado vinculadas a certificados de obras de infraestructura. El régimen fija una tasa máxima de 9,9% anual para los intereses moratorios. Quienes se acojan deberán aceptar las condiciones previstas y renunciar a reclamos adicionales por intereses, recargos u otros conceptos vinculados.
Sin embargo, la diputada Johana Ortega planteó objeciones sustanciales. Advirtió que la iniciativa presenta problemas jurídicos, financieros y de equidad, principalmente porque modifica unilateralmente las condiciones de obligaciones derivadas de contratos ya celebrados. Ortega identificó tres escenarios problemáticos: contratos con intereses inferiores al 9,9% que terminarían generando un reconocimiento mayor; contratos con tasas superiores que quedarían limitadas por la nueva disposición; y contratos sin intereses moratorios previstos que pasarían a generarlos bajo el nuevo régimen.
La diputada cuestionó que el Congreso establezca una tasa general sin que los legisladores hayan tenido acceso individualizado al contenido de todos los contratos alcanzados. Destacó que cada obra pública cuenta con un contrato específico en el que se establecen condiciones de ejecución, plazos de pago y consecuencias del incumplimiento. Ortega también señaló que la ley habilita la emisión de deuda pública para cubrir estos intereses, según reportó ABC Color.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
