Provea advierte que opacidad estatal vulnera derechos fundamentales tras terremotos de Venezuela
La organización de derechos humanos Provea advirtió que la opacidad estatal posterior a los terremotos del 24 de junio vulnera al menos cinco derechos humanos fundamentales, impidiendo que las familias tomen decisiones y las comunidades se organicen.
- El Estado reportó 157 desaparecidos el 25 de junio y congeló esa cifra sin actualizaciones mientras iniciativas ciudadanas denuncian miles de personas con paradero desconocido
- Las autoridades detuvieron el boletín de fallecidos el 24 de julio con 5.546 víctimas, dejando a familias buscando desaparecidos sin acompañamiento estatal
- El Banco Mundial estimó 19.600 millones de dólares en daños directos pero el Estado no ha explicado gestión de recursos públicos ni fondos de ayuda humanitaria
A más de un mes del doble sísmico que sacudió a Venezuela el 24 de junio, la falta de información oficial mantiene a miles de familias en una incertidumbre absoluta. En una publicación en Instagram, la ONG Provea advirtió que la opacidad estatal no solo entorpece la reconstrucción, sino que vulnera de forma directa al menos cinco derechos humanos fundamentales.
La organización alertó que la ausencia de transparencia paraliza a la población de forma sistémica. Sin datos, señaló Provea, las familias no pueden tomar decisiones, las comunidades no pueden organizarse y las víctimas no pueden exigir responsabilidades. La transparencia, enfatizó la ONG, no es un favor del Estado sino una obligación de sus compromisos en materia de derechos humanos.
El Estado reportó 157 personas desaparecidas el 25 de junio y congeló esa cifra sin actualización, mientras iniciativas ciudadanas denuncian miles de personas con paradero desconocido. Las autoridades detuvieron el boletín diario de fallecidos el 24 de julio con una cifra de 5.546 víctimas. Además, el Estado oculta la capacidad hospitalaria real, la disponibilidad de tratamientos y el nivel de atención especializada en zonas afectadas, lo que afecta el derecho a la salud.
Provea recordó que el gobierno reportó 23.811 personas ubicadas en 107 campamentos temporales, pero no detalló cuántas son niños, personas con discapacidad o adultos mayores con enfermedades crónicas. El Estado también inició la demolición del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi sin informar si cumplió protocolos previos de búsqueda de víctimas. A pocas semanas del inicio del año escolar, no ha publicado datos sobre escuelas inhabitables ni cifras de estudiantes y docentes damnificados, según reportó Runrun.es.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
