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Provea rechaza retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional

Provea enfatizó que la salida de Venezuela del organismo entrará en vigencia un año después, permitiendo que investigaciones previas y presuntos crímenes futuros puedan ser perseguidos conforme al Estatuto de Roma.

A
Resumen IA — Tres claves
  • Venezuela anunció retiro de la Corte Penal Internacional; la ONG Provea rechazó la decisión argumentando que investigaciones abiertas hasta ahora permanecerán activas
  • El Estatuto de Roma establece que la retirada no afectará investigaciones iniciales anteriores ni la obligación de cooperación del Estado retirado
  • La CPI abrió en 2018 un examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela e inició investigación formal en 2021 que permanece activa
Provea rechaza retiro de Venezuela de la Corte Penal Internacional
Imagen: Proveaong · Wikimedia Commons (Public domain)

La organización de derechos humanos Provea rechazó este sábado la decisión del Gobierno de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI). A través de redes sociales, Provea aclaró que la salida de Venezuela no tendrá efectos inmediatos, ya que la retirada entrará en vigencia un año después del anuncio, periodo durante el cual las investigaciones abiertas y los presuntos crímenes cometidos continuarán siendo susceptibles de investigación.

Provea recordó que el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, establece explícitamente que la retirada "no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto". La organización subrayó que "se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro".

El viernes, el canciller venezolano Félix Plasencia anunció la decisión de renunciar al Estatuto de Roma, alegando que la CPI actúa con sesgo concentrando su labor de forma desproporcionada en países africanos y latinoamericanos. Horas después, la presidenta encargada Delcy Rodríguez acusó a la CPI de acumular expedientes para agredir a los pueblos del "sur global". En 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciando una investigación formal en 2021 que permanece activa, según reportó Efecto Cocuyo.

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Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.

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