Pueblo Soberano y presidenta Fernández presentan querella por prevaricato contra magistrados constitucionales
El gobierno presentó una acción penal acusando de prevaricato a los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya García por la resolución que prorroga magistrados suplentes.
- Querella acusamagistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya García de prevaricato
- La Sala Constitucional resolvió mantener magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa nombre sus reemplazos
- Especialistas constitucionalistas cuestionan si la decisión judicial encaja en la figura penal de prevaricato
La presidenta de la República, Laura Fernández, acompañada por la bancada legislativa de Pueblo Soberano, presentó el lunes una querella por presunto prevaricato ante la Corte Suprema de Justicia contra los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya García. La acción se dirigió en respuesta a la resolución de la Sala Constitucional que ordenó prorrogar el nombramiento de magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa designe sus reemplazos.
Fernández ha calificado la decisión de la Sala Constitucional como un «golpe de Estado» de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, argumentando que el tribunal asumió competencias que corresponden exclusivamente al Congreso. La querella invoca el artículo 357 del Código Penal, que castiga a funcionarios judiciales que dicten resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos, con penas de dos a seis años de prisión.
Sin embargo, abogados constitucionalistas consultados cuestionan si la resolución del tribunal configura efectivamente el delito de prevaricato. Marvin Carvajal y Luis Felipe Rodríguez consideran que los magistrados actuaron dentro de sus competencias constitucionales para resolver una situación excepcional derivada de la falta de designación de magistrados suplentes. La Asamblea Legislativa ha fracasado en 11 rondas de votación para completar la designación de los nueve magistrados, según reportó La Nación.
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