Tribunal ratifica orden de desclasificar contratos del software Pegasus
Un tribunal colegiado en México ratificó la sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa a desclasificar y entregar los contratos públicos relacionados con la compra del software de vigilancia Pegasus, información que la dependencia había mantenido bajo reserva.
- Tribunal ratifica sentencia de desclasificación de dos contratos Pegasus (DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018) por más de 140 millones de pesos
- La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) llevó cuatro años de litigio tras la orden incumplida del extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI) en enero de 2023
- Sedena desacató orden en 2024 al reservar información en su totalidad; tribunal rechazó argumento de "imposibilidad técnica" de entregar versión pública
El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito ratificó la sentencia que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional a desclasificar y entregar las versiones públicas de los contratos celebrados en 2018 y 2019 para la adquisición del software Pegasus. La decisión confirma una orden previa del Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emitida en 2024.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) promovió un amparo contra el incumplimiento en la entrega de estos acuerdos hace cuatro años. Según José Flores, representante de R3D, existe "una deuda histórica" porque el uso de Pegasus se remonta a sexenios anteriores. El activista destacó que el tribunal refutó el argumento de la Sedena sobre la "imposibilidad" de transparentar la información, señalando que la dependencia ya había excedido los plazos establecidos para presentar estos contratos.
En 2023, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría entregar los contratos públicos, pero en 2024 la Sedena los reservó en su totalidad y desacató la orden. El caso se originó en 2022, cuando R3D publicó la investigación "Ejército Espía", que documentó el uso ilegal de Pegasus para intervenir teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos. Los dos contratos identificados (DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018) fueron por más de 140 millones de pesos.
Flores considera que esta decisión judicial ofrece una oportunidad para que el gobierno federal amplíe sus facultades de transparencia. El activista destacó que la presidenta Claudia Sheinbum anunciará un decreto impulsando mayor transparencia, y sugirió que esta decisión es el momento indicado para demostrar voluntad política. R3D espera que las Fuerzas Armadas cumplan con el mandato judicial, pues tras la notificación comienza a correr el plazo para transparentar la información, según reportó El Universal.
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