Registro de bandas criminales de reforma de seguridad de Kast genera debate sobre atribuciones del Senado
Una norma presentada por el gobierno de José Antonio Kast que busca que el Ejecutivo elabore un registro de bandas criminales de rango constitucional con control del Senado fue cuestionada por integrantes de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, quienes advirtieron posibles conflictos con las facultades de los tribunales.
- Senador Karim Bianchi argumentó que registro de bandas puede significar incautación de bienes y afectación de derechos, no siendo "simple lista"
- Senador Juan Luis Castro advirtió que control debe ser judicial y no político, siendo los tribunales quienes definan bandas de crimen organizado
- Senador Cristián Vial defendió propuesta como medida preventiva e investigativa, sin reemplazar labor de tribunales ni Ministerio Público
Tras la aprobación de una megarreforma, el gobierno de José Antonio Kast iniciló una segunda etapa enfocada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), compuesta por 19 proyectos de ley en tramitación, nueve proyectos adicionales y una reforma constitucional cuyo despacho se prevé antes de Navidad. La medida sobre registro de bandas criminales ya generó reacciones en el Congreso.
El senador Karim Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad, sostuvo que si entrar al registro puede significar incautación de bienes, afectación de derechos e incluso consecuencias penales, no se trata de una simple lista. Cuestionó si corresponde que el Ejecutivo decida quién entra y si el Senado terminaría siendo un tribunal, argumentando que el Senado no está para reemplazar jueces.
El senador Juan Luis Castro (PS) también de la comisión de Seguridad, advirtió que el control debe ser judicial y no político, siendo los tribunales los que corresponde digan cuáles son las bandas de crimen organizado. Castro apuntó que se busca extremar posiciones convirtiendo una batalla en una ideológica, señalando que los anuncios son confusos. Mencionó que la medida requiere supermayoría de 4/7 y necesitará acuerdos con la oposición.
El senador Pedro Araya (PPD) señaló que esperaría el proyecto completo para fijar posición definitiva, aunque observó que varias medidas ya están contempladas en la Constitución o en la ley. Afirmó que respaldarían iniciativas que golpeen al crimen organizado, pero rechazaría soluciones improvisadas que pasen por encima de la Constitución y atribuciones de tribunales de justicia.
En contraste, el senador Cristián Vial (Ind-Rep) defendió la propuesta como principalmente preventiva e investigativa, útil para calificación institucional previa de organizaciones. Vial aclaró que el registro no reemplazaría trabajo de tribunales ni Ministerio Público, y que la ley debería definir órgano competente, estándar, procedimiento, efectos, vigencia e impugnación, según reportó La Tercera.
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