Juliana Guerrero encabeza red de corrupción en gobierno Petro con chats, audios y transacciones bancarias como prueba
SEMANA documentó un esquema de corrupción liderado por Juliana Guerrero, considerada la mujer más poderosa del gobierno Petro, junto a su hermana Verónica, que habría cobrado millonarios montos a empresarios a cambio de acceso a contratos gubernamentales mediante chats, audios y consignaciones bancarias.
- Las hermanas Guerrero cobraban un millón de pesos por consulta inicial, 200 millones de pesos por gestión ante el Gobierno y el 10 por ciento del valor de cada proyecto adjudicado, con David Trespalacios como intermediario de pagos
- Sin vinculación laboral oficial, acumularon poder suficiente para influir en decisiones de tres importantes entidades del Estado durante 2024, 2025 y 2026, incluyendo gestiones ante el viceministro Edward Libreros
- El esquema operó en el segundo semestre de 2024 con empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander, prometiendo proyectos de cámaras de seguridad, acueductos y mejoramiento de viviendas
SEMANA destapó una red de corrupción liderada por Juliana Guerrero, personaje considerado el más poderoso del gobierno Petro, junto a su hermana Verónica, que operó un esquema de cobranzas a empresarios a cambio de favores para acceder a contratos en ministerios clave. Las hermanas, sin vinculación laboral oficial con el Gobierno, acumularon el poder suficiente para influir en decisiones del Ejecutivo entre 2024, 2025 y 2026 y controlar tres importantes entidades del Estado.
Los hechos irregulares comenzaron en el segundo semestre de 2024, cuando las hermanas ganaron la confianza de empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander. Juliana había culminado su contrato de 11 millones de pesos en el Ministerio del Interior e intentaba acceder al Viceministerio de Juventudes con un título falso de contadora, mientras que Verónica tenía vencidos dos contratos de 19 millones de pesos en Colombia Compra Eficiente y otro de 11 millones en el Ministerio del Interior. El esquema operaba con tarifas escalonadas: un millón de pesos por la consulta inicial, 200 millones de pesos como pago por gestiones ante el Gobierno, y el 10 por ciento del valor de cada proyecto adjudicado.
Tres personas que participaron en el esquema contactaron a SEMANA para revelar el entramado. Los empresarios se comunicaban con Verónica para conocer el estado de los procesos mientras Juliana gestionaba ante funcionarios gubernamentales. David Trespalacios, un joven de Barranquilla cercano a la familia, recibía los pagos en dinero. El esquema incluía promesas de proyectos específicos: instalación de cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, construcción de un acueducto en municipios del Cesar financiado por el Ministerio de Vivienda, y programas de mejoramiento de hogares. Verónica mencionó al entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico Edward Libreros como intermediario en gestiones ante el Gobierno nacional.
Los empresarios compraron dos tiquetes aéreos el 5 de diciembre de 2024 para que Verónica viajara a Aguachica, Cesar, desde Bogotá a las 8:25 de la mañana, con retorno a la capital a las 9:32, dejando constancia de los desplazamientos vinculados a las gestiones. La documentación con chats, audios y consignaciones bancarias evidencia el movimiento de dinero y la operación de la red durante el período investigado, según reveló Semana.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
