Senadores presentan bancada para impulsar indulto a uniformados por estallido social chileno
Un grupo de senadores chilenos presentará la denominada Bancada por el Indulto General, instancia legislativa que impulsará la tramitación de un proyecto de ley que otorga indulto a integrantes de Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería y determinados civiles por hechos ocurridos desde el 18 de octubre de 2019.
- Bancada parlamentaria busca acelerar indulto a uniformados del estallido social de 2019
- Siete senadores confirmados impulsan iniciativa con apoyo del Gobierno de Kast
- Proyecto contempla extinción de penas, sobreseimiento de causas y reincorporación de funcionarios
La presentación de la Bancada por el Indulto General fue programada para el miércoles 5 de agosto a las 15:45 horas, con el propósito de coordinar acciones legislativas, políticas y comunicacionales para acelerar el avance del proyecto y promover la participación del gobierno del presidente José Antonio Kast en la discusión de la iniciativa. Los senadores confirmados como integrantes incluyen a Alejandro Kusanovic (independiente), Camila Flores (RN), Cristián Vial (Partido Republicano), Rodolfo Carter (Independiente P. Rep.), Ignacio Urrutia (Partido Republicano), Vanessa Kaiser (PNL) y Carlos Kuschel (RN).
El eje central es respaldar la tramitación del Boletín Nº 18.423-07, que plantea otorgar el beneficio a funcionarios activos y en retiro de las instituciones mencionadas que hayan participado en procedimientos relacionados con el restablecimiento del orden público durante el estallido social. El indulto también alcanzaría a civiles que colaboraron en la protección de infraestructura pública o privada o actuaron en legítima defensa de terceros durante ese período.
El proyecto contempla que personas con condenas firmes vean extinguidas sus penas privativas o restrictivas de libertad, además de las multas aplicadas. Para quienes enfrentan procesos penales, propone el sobreseimiento definitivo de las causas y levantamiento inmediato de medidas cautelares. También establece dejar sin efecto sanciones administrativas, anotaciones disciplinarias o bajas institucionales, permitiendo cuando corresponda la reincorporación de funcionarios con el pago de remuneraciones dejadas de percibir. El proyecto instala un relato en el que el país enfrentó una grave alteración del orden público que obligó al Estado a recurrir a estados de excepción y despliegue de Fuerzas Armadas, seguida de una «persecución judicial desproporcionada» contra funcionarios, según reportó La Tercera.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
