SIT y Contraloría investigan anomalías en subasta de banda 5G; diputados urgen declarar lesiva
La Superintendencia de Telecomunicaciones y la Contraloría General de Cuentas informaron al Congreso que investigan el proceso de subasta de la banda 5G adjudicada en 2023, detectando irregularidades administrativas que aún se analizan.
- La subasta de espectro radioeléctrico del 12 de septiembre de 2023 fue adjudicada a Telgua por Q670 millones 794 mil y a Tigo por Q335 millones 458 mil, totalizando Q1 mil 6 millones recaudados
- El superintendente Herbert Rubio Morales detectó anomalías que podrían tipificarse como faltas, omisiones o delitos, investigando si obedecen a errores o fueron provocadas deliberadamente
- Diputados de la bancada Cabal solicitan declarar lesivo el proceso antes del 11 de septiembre, fecha límite de tres años desde la resolución original según la Ley de lo Contencioso Administrativo
La Superintendencia de Telecomunicaciones y la Contraloría General de Cuentas avanzaron en sus investigaciones sobre la subasta pública de la banda 5G efectuada en 2023, informando al Congreso sobre hallazgos preliminares. El superintendente Herbert Rubio Morales declaró el martes 11 de agosto que durante la revisión del proceso observaron una serie de fallas administrativas e investigan si estas resultan de errores u obedecen a acciones deliberadas. Rubio expresó: 'Lo que nosotros detectamos de inicio es que hay una serie de anomalías que pueden tipificarse como faltas o como omisiones, hasta delitos inclusive'.
La subasta adjudicó 60 megahercios del espectro radioeléctrico en seis bloques de 10 MHz en la banda de 700 MHz para servicios móviles con usufructo de 20 años hasta 2042. Tigo recibió el bloque A+A´ por Q335 millones 458 mil, mientras Telecomunicaciones de Guatemala obtuvo los bloques B+B´ y C+C´ por Q335 millones 397 mil cada uno, sumando Q670 millones 794 mil en ese rubro, para un total de Q1 mil 6 millones recaudados por el Estado.
Los diputados Luis Aguirre y Julio Héctor Estrada de la bancada Cabal solicitaron a los funcionarios agilizar los informes de investigación para declarar lesiva la subasta, advirtiendo que el plazo legal vence el 11 de septiembre próximo. Según el artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, un acto administrativo puede declararse lesivo para los intereses del Estado dentro de tres años desde su emisión. Rubio Morales indicó que esperan concluir el expediente en máximo dos semanas y que, con base en los resultados, evaluarán acciones adicionales, aunque aclaró que detectar irregularidades no necesariamente equivale a lesividad, según reportó Prensa Libre.
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