Venezuela: los US$346 millones del FMI y la reconstrucción opaca

La emergencia sísmica y la transición de poder plantean interrogantes sobre la trazabilidad de los fondos de reconstrucción.

El 24 de junio de 2026 un doblete sísmico golpeó el estado de Yaracuy, en el centro-norte de Venezuela. Un primer sismo de magnitud 7,2 fue seguido, unos 39 segundos después, por otro de magnitud 7,5. Ambos movimientos se sintieron con fuerza en La Guaira, Caracas y el Distrito Capital.

Al 15 de julio, las autoridades reportaban al menos 4.829 muertos, más de 16.740 heridos, más de 6.400 personas rescatadas y más de 16.300 sin vivienda, con desaparecidos estimados entre 18.000 y 50.000. Semanas después, el conteo superó los 5.000 fallecidos. Para atender la emergencia, Venezuela accedió a US$346 millones que tenía congelados en el Fondo Monetario Internacional.

La respuesta ocurre en un escenario político singular. Tras la extracción y captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero de 2026, el Gobierno pasó a referirse a Delcy Rodríguez como Presidenta, abandonando la fórmula de encargada. Fiscales estadounidenses y la defensa de Maduro plantean iniciar el juicio en junio de 2027.

En un contexto de transición de poder, la trazabilidad de los fondos de emergencia adquiere relevancia pública. El destino de los US$346 millones del FMI, sumados a la ayuda internacional, plantea la necesidad de seguir los contratos de reconstrucción, las adjudicaciones y el número de damnificados efectivamente atendidos frente a las cifras oficiales.

La semana del 2 de agosto estuvo marcada por marchas sindicales, realizadas el 28 de julio, y por actividad de la oposición. El riesgo de opacidad en la gestión de recursos, en medio de un vacío de poder, mantiene el tema en el centro del interés público.