Venezuela notifica su retirada del Estatuto de Roma y abandona la Corte Penal Internacional
Venezuela notificó formalmente este viernes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión "firme e irrevocable" de abandonar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI). El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, argumentó que la corte ha concentrado desproporcionadamente su labor en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global.
- Venezuela invoca artículo 127 del Estatuto de Roma para retirada definitiva de la CPI
- Gobierno acusa a la corte de sesgo geográfico y de instrumentalizar la justicia internacional
- Amnistía Internacional advierte que la retirada no anula obligaciones ni responsabilidades previas
El Gobierno de Venezuela, bajo instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, notificó formalmente al secretario general de la ONU su retiro del Estatuto de Roma e inicio de su abandono de la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al artículo 127. El ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia González, declaró que Venezuela considera que la actuación de la corte responde a un sesgo geográfico demostrado, al concentrar su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos.
Plasencia argumentó que este patrón de la CPI, también conocida como Tribunal Penal Internacional (TPI), refleja "una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía". Venezuela rechazó lo que describe como una dimensión de lawfare o guerra judicial que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano.
Erika Guevara-Rosas, directora de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional, recordó que esta medida no borra las obligaciones de Venezuela ni pone fin a la búsqueda de justicia, señalando que ningún Estado puede utilizar su retirada de la CPI como escudo contra la rendición de cuentas. Agregó que las decisiones políticas no anulan las obligaciones jurídicas previas ni afectan los procesos derivados de hechos ocurridos mientras el Estado era parte del Estatuto, y que las víctimas de crímenes de lesa humanidad tienen derecho a la verdad, justicia y reparación, según reportó La Tercera.
Este artículo fue redactado con asistencia de IA a partir de fuentes públicas y está sujeto a revisión editorial de Ahora.
