Venezuela sin Maduro: quién gobierna y qué se juega el 1 de agosto

El plazo de 180 días para el encargo presidencial venció sin elecciones. Washington negocia una salida pactada y pidió inmunidad para Delcy Rodríguez.

La madrugada del 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura de Nicolás Maduro, quien gobernaba Venezuela desde 2013, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses. Maduro fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. La operación desató una crisis constitucional inédita en el chavismo, que había ejercido el poder de forma continua por más de veinte años. Trump declaró que EE.UU. estaría al cargo del país hasta lograr una transición segura, pero no se comprometió a enviar tropas y dijo que su prioridad sería proteger la infraestructura petrolera.

Ante la ausencia del presidente, el Tribunal Supremo de Justicia designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, con respaldo del alto mando militar. Su gobierno interino inició formalmente el 5 de enero de 2026. El TSJ trató la ausencia de Maduro como forzada y no activó los mecanismos ordinarios para declarar una ausencia temporal o absoluta, lo que habría obligado a convocar elecciones en un plazo determinado. Ese matiz legal es el que hoy sostiene y a la vez cuestiona la continuidad de Rodríguez.

La Constitución fija un límite de 180 días para un encargo presidencial de este tipo. Ese plazo venció el 3 de julio de 2026 sin que el chavismo convocara elecciones ni anunciara una hoja de ruta. Analistas y organizaciones venezolanas advierten que, agotado el término, el gobierno interino queda en un limbo de legitimidad. A esto se sumó una emergencia humanitaria: a fines de junio y comienzos de julio Venezuela sufrió un doble terremoto con epicentro en la zona de La Guaira y Caracas, que dejó decenas de víctimas y desplazó la agenda política hacia el rescate.

El 21 de julio de 2026, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, fijó el 1 de agosto como fecha de arranque formal del proceso de transición democrática, con un diálogo entre representantes del chavismo y la Asamblea Nacional opositora elegida en 2015. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado pidió inmunidad para Delcy Rodríguez, señal de que Washington negocia una salida pactada con sectores del propio chavismo. En paralelo, Trump descartó instalar a la líder opositora María Corina Machado al frente de la transición, un desaire que tensó a la oposición.

Tres capas explican la complejidad del caso: el poder de facto que el chavismo conserva sobre el aparato militar y el TSJ frente a la legitimidad electoral que invoca la oposición; el factor petrolero, con el interés declarado de EE.UU. sobre la infraestructura y un bolívar que perdió cerca de 30% de su valor solo en el primer trimestre de 2025; y la incógnita de la fuerza, ya que sin un garante de seguridad claro cualquier transición depende de la negociación con las armas. En las próximas semanas habrá que observar si el diálogo del 1 de agosto efectivamente arranca, el estatus de Rodríguez, el proceso judicial a Maduro en Nueva York y la reconstrucción tras el terremoto.